El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este martes el acuerdo mediante el cual el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia desechó en abril pasado, por notoriamente improcedente, la controversia constitucional que promovió la Cámara de Diputados, referente a los contratos de servicios para la evaluación, el desarrollo y la producción de hidrocarburos en las áreas de Magallanes, Carrizo y Santuario, en la región sur.

Ortiz había desechado esa controversia, pero el Legislativo interpuso el recurso de reclamación correspondiente ante el pleno de la Corte.

En la resolución de ayer, avalada por la mayoría de los ministros, se determinó desechar la controversia bajo el argumento jurídico de que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, en virtud de que los actos impugnados no afectan el interés legítimo de la Cámara de Diputados.

El Ejecutivo buscaba echar abajo la primera licitación de Petróleos Mexicanos para asignar contratos incentivados con el nuevo marco jurídico que rige a la paraestatal, convocada en marzo pasado.

El criterio de los ministros ha sido que los diputados no están defendiendo sus propias atribuciones con estas demandas, sino ejerciendo una especie de vigilancia legal oficiosa sobre actos administrativos concretos del Ejecutivo federal, función que no les corresponde.