Los Ángeles, 15 de agosto. Varias organizaciones proinmigrantes realizan hoy en esta ciudad una campaña en contra del programa Comunidades Seguras, para exigir que se ponga un alto a las deportaciones masivas y la separación de familias.

Desde las primeras horas del día, los activistas saturaron las líneas telefónicas de la Casa Blanca para exigir que cese el plan Comunidades Seguras.

Es una incongruencia, porque ese título que se le dio no tiene nada que ver, y en lugar de dar seguridad ha creado inseguridad, señaló Leticia Santibáñez, una de las participantes.

La estrategia del Departamento de Seguridad Interior (HSD por sus siglas en inglés), iniciada por la administración del presidente Barack Obama en 2008, busca localizar y deportar a extranjeros peligrosos y los que recién concluyen sentencias por delitos graves.

Sin embargo, a la fecha ha superado el millón de deportados y más de la mitad han sido personas sin antecedentes penales que fueron detenidas por faltas tan comunes como infracciones de tránsito.

Este día la movilización con activistas, organizaciones y líderes religiosos incluyó llamadas telefónicas a la Casa Blanca para exponer su protesta.

Conocido como Día Nacional para llamar a la Casa Blanca, el objetivo del acto es oponerse a la decisión del gobierno federal de hacer obligatorio el programa a escala nacional.

La campaña fue organizada en ciudades de California, además de Chicago, Boston, Houston, Miami, Atlanta y Las Vegas, e incluirá diversas acciones para la semana.

En esta tarde autoridades federales convocaron a un foro comunitario en Los Ángeles, en donde se espera la asistencia de funcionarios del HSD.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han señalado que además de participar en el foro harán protestas.

Cerca del mediodía, en la Placita Olvera del centro de Los Ángeles, se convocó a una rueda de prensa para dar a conocer testimonios de familias impactadas por el programa.

Allí se indicó, con la asistencia de líderes religiosos y de organizaciones proinmigrantes, que en el estado de California el programa ha deportado a más de 47 mil inmigrantes.

Dirigentes de organizaciones de la ciudad de San Diego, en tanto, partieron este lunes hacia Los Ángeles para sumarse a una movilización estatal contra el programa.

En tanto, un poderoso grupo estadunidense de defensa de los derechos humanos pidió en Los Ángeles dar por terminado un programa federal de detección y deportación de inmigrantes indocumentados, al que acusa de haber causado la expulsión de miles de personas que han cometido delitos menores.