El representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, advirtió que los excesos cometidos en el país contra los garantías individuales a causa del combate al crimen organizado ocurren porque los responsables en aplicar la ley no tienen los controles de rigor, la correa corta, para el ejercicio del poder de las fuerzas armadas.

En entrevista al término del foro Derecho a la no discriminación: avances y retos a 10 años de la reforma al artículo primero constitucional, en el Museo Memoria y Tolerancia, advirtió que los excesos y errores registrados en el país en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada deben corregirse, sancionarse y evitar que se repitan.

Aun cuando consideró que es necesario discutir una ley de seguridad nacional, Hernández Valencia dijo que no se deben permitir excesos como los allanamientos recientemente realizados en el Distrito Federal por la Procuraduría General de Justicia del estado de México.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia, advirtió que ante las violaciones sistemáticas a las garantías individuales de la ciudadanía en todo el país, necesitamos, en este momento, una solución racional como la que plantea la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en materia de seguridad y justicia.

La propuesta de la UNAM, dijo, es fundamental, porque da cuenta de un proceso de reflexión en que se sentaron diversos actores sociales a pensar el problema y a plantear una solución racional que tiene una vocación civilizatoria.

El ombudsman capitalino enfatizó la importancia del planteamiento de la máxima casa de estudios, en tanto que no es un llamado a la guerra, sino a la unidad. Además, dijo, parte de la idea de hacer un diagnóstico que no tenemos hoy en día; lo que tenemos es un diagnóstico con perspectiva de guerra y necesitamos uno con perspectiva de pacificación.

En ese sentido, dijo, la UNAM ha puesto el primer elemento para una discusión que tendríamos que elaborar en el país de manera mucho más seria, y digamos que lo necesitamos ya, en este momento.

González Placencia, quien también participó en el foro citado, externó su rechazó a la concepción que ha manejado el gobierno federal respecto de que en la guerra contra el crimen organizado tiene que haber víctimas colaterales. No podemos aceptar que siga habiendo víctimas en la guerra contra el narcotráfico.

De las demandas del Movimiento por la Paz y Justicia y otros, dijo que sus manifestaciones son un síntoma importantísimo, que da cuenta del malestar que hoy se vive en el país. Por ello, insistió, es necesario abrir el espacio a propuestas y análisis de expertos del país para definir una política de seguridad y justicia.

–¿Es urgente, cuando a estas 40 mil muertes colaterales ya se suman 10 mil más en un breve plazo?

–Así es, y desafortunadamente a esto hay que añadirle el número de desplazados, los desaparecidos... en fin, el problema es también la calidad (sic) de las ejecuciones. Cada vez vemos asesinatos más violentos.

Así que a las víctimas de la criminalidad hay que añadir las víctimas de las fuerzas armadas y policiales. De ahí la urgencia de un diálogo serio, que reflexione sobre el problema y genere soluciones.