a visibilización de las víctimas de la guerra desatada por Felipe Calderón es mérito indiscutible del movimiento por la paz con justicia y dignidad que encabeza Javier Sicilia, y aun con el esfuerzo que ha implicado, es evidente que todavía no se hacen presentes las familias de las 50 mil personas muertas y de un amplio número de desaparecidas.

Son muchas las barreras a vencer para que ello suceda; el miedo es un factor relevante, porque si algo tienen claro quienes acompañan este movimiento es que el Estado no les ha respondido en su demanda de justicia. Por ello tiene sentido una de las propuestas en torno a la creación de una comisión que permita nombrar a todas las víctimas y definir mecanismos de reparación (de lo irreparable).

En el inventario del horror se hizo presente en días pasados, en el Distrito Federal, la práctica de los cateos ilegales, reales allanamientos de moradas ciudadanas que también han sido cobijados por el paradigma calderoniano delineado desde 2006 en el contexto del cuestionamiento a su supuesto triunfo electoral: “Haiga sido como haiga sido”.

El autorretrato se repite una y otra vez; ahora sirve para justificar el costo del triunfo que entraña la detención de un operador de la delincuencia organizada. Importa ese resultado aun a costa del atropello en sus viviendas a ciudadanas y ciudadanos.

El Gobierno del Distrito Federal deberá dar cuenta de su omisión ante el llamado de auxilio del poeta Efraín Bartolomé y de sus pactos con autoridades de la entidad vecina para que se realicen operativos ilegales. En ese sentido, es encomiable que la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) realice “una investigación de oficio con motivo de los hechos suscitados la madrugada de ayer, en la que agentes policiacos que realizaban un operativo injustificadamente violaron los domicilios de varias familias en la colonia Lomas de Padierna, en la delegación Tlalpan”.

Y lo más destacable: “manifiesta su preocupación por la sustracción de objetos y pertenencias personales de dichos domicilios y porque las viviendas de Efraín Bartolomé, Patricia Magaña Rueda y sus padres no sean la única a la que se ingresó de manera ilegal en dicho operativo”. (Boletín 294/211 del 12 de agosto de 2011.)

A reserva de que se confirme la magnitud de los allanamientos de la madrugada del 11 de agosto, al día siguiente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recordó, por conducto de su recomendación general 19, que la práctica de cateos ilegales o intromisiones domiciliarias contrarias a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución se presenta en todo el país y que tiene documentadas 3 mil 786 quejas por actos cometidos en cateos desde 2006, detallando la conducta sistemática de irrumpir en domicilios en búsqueda de objetos ilícitos, donde se amenaza, lesiona y detiene, así como se sustraen objetos.

También señala que el escudo oficial es el argumento de la flagrancia, la denuncia anónima y el uso del detector molecular GT200. Anotando que este último ha sido probado como ineficaz en otros países.

El documento de la CNDH enumera la serie de recomendaciones previas sobre el mismo asunto, las cuales es evidente que no han sido atendidas; sin embargo, de nueva cuenta, entre otras cosas, solicita girar instrucciones a los elementos policiales e integrantes de las fuerzas armadas para eliminar en forma inmediata estas prácticas, y que se sujeten a los requisitos exigidos en el artículo 16 constitucional; advirtiendo que se trata de una recomendación general y, por tanto, no requiere de aceptación por las autoridades involucradas. Por lo visto, tampoco de cumplimiento.

El caso comentado nos obliga a plantearnos que todos y todas somos víctimas; paulatinamente tomamos conciencia de que se ha provocado una ruptura del tejido social en todo el territorio nacional, en unas regiones es más grave o más visible.

Ya no se respeta siquiera el más elemental de los derechos, la inviolabilidad del domicilio, lo que incrementa el deterioro en la calidad de vida. Se está alimentando la desconfianza y el temor frente a todo otro u otra antes que las condiciones para una convivencia democrática con respeto a derechos humanos. Ante ello se impone reflexionar sobre la viabilidad de promover un pacto nacional que tenga como eje la búsqueda de la paz.

El asunto es si dicho pacto saldrá del diálogo con los poderes del Estado, responsables y o cómplices de la guerra en curso o, en todo caso, si es necesario concretar previamente ese movimiento de movimientos del que empezamos a hablar en algunos espacios.

No parece justo centrar todo el peso de la salida a la crisis nacional en el movimiento de víctimas encabezado por Sicilia. Urge la participación de otros sectores. La prueba de fuego es lograr detener la ley de seguridad nacional que legalizaría el autoritarismo. Por lo pronto, mucho haremos al reconocer que esta guerra se dirige a toda la ciudadanía.