El gobierno mexicano advirtió que mientras los migrantes utilicen puntos clandestinos de internación en la frontera sur será más complicado garantizar su seguridad y ofrecer alternativas de regularización.

En un balance del tema, aseveró que la restructuración del Instituto Nacional de Migración (INM) avanza, por lo que este organismo no debe desaparecer sino continuar con el programa de fortaleza institucional.

Que los migrantes vengan documentados y que pasen por el punto de ingreso, no por el río ni la vereda, (sino por los puntos de internación oficial) donde se les extendería la forma migratoria que proceda, en este caso la de visitante sin actividades remuneradas. Hacia allá va lo que hemos estado trabajando para el reglamento, indicó el comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río.

Lo que queremos evitar, añadió en entrevista con La Jornada, es que la gente sea traficada, extorsionada y vulnerada. “La gran mayoría de las personas que hemos entrevistado, asegurados por el INM, son personas que fueron traficadas”.

El punto anterior es comentado en momentos en que diversas instancias federales elaboran el proyecto de reglamento de la Ley de Migración –normatividad vigente desde abril pasado–, el cual prevé nuevas vías para la residencia o visas para ingresar y permanecer en México.

En respuesta a las peticiones de los gobiernos centroamericanos y acerca de las recomendaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que México facilite el tránsito de personas, el INM propone que los extranjeros vengan con documentos de identidad y, sobre todo, pasen por algún punto oficial de internación.

Los representante de la CIDH recibieron testimonios de migrantes que fueron testigos de matanzas durante su cautiverio; relatos de familiares que buscan a sus hijos desaparecidos, así como historias de quienes han sido víctimas de secuestros, robos o violaciones sexuales.

La comisión propuso al gobierno mexicano garantizar de manera inmediata la vida y la integridad de los migrantes mediante acciones concretas que faciliten el tránsito seguro.

Planteamientos similares han hecho cónsules y mandatarios de los países centroamericanos, origen de la mayoría de los indocumentados que ingresan a territorio nacional por la frontera sur, donde el propio gobierno federal ha detectado la existencia de más de 50 puntos de pase clandestinos, contra una decena de oficiales.

En 2005 la migración centroamericana de tránsito irregular fue de 433 mil personas y el año pasado la cifra se ubicó en 140 mil. Si bien este indicador revela una importante reducción del flujo migratorio, continúan las agresiones.

De agosto a noviembre se redactarán el proyecto del reglamento de la Ley de Migración, especialmente lo relacionado con el artículo 52 de esta normatividad, el cual señala:

Los extranjeros podrán permanecer en territorio nacional en las condiciones de estancia de visitante, residente temporal y residente permanente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Este artículo incluye, entre otros aspectos, la posibilidad de que el migrante sea considerado como visitante sin o con permiso para realizar actividades remuneradas; visitante regional; trabajador fronterizo o visitante por razones humanitarias.

Para atender a los migrantes en tránsito (la mayoría de ellos con rumbo hacia Estados Unidos  y cuyo tiempo de estancia en México es menor a un mes, según el INM), la clasificación sería de visitante sin permiso para realizar actividades lucrativas, con permiso para estar en el país en esta condición por un máximo de 180 días.

–¿Qué se hará entonces con la gente que sólo está de paso por México, con el objetivo de llegar a Estados Unidos?

–Es un tema que ya hemos platicado con los colegas de Centroamérica e insistimos en que vengan documentados. Es decir, que sepamos perfectamente su identidad y nacionalidad –dijo Beltrán del Río.

–Son miles de extranjeros que buscan pasar por México, ¿qué alternativas ofrece el INM?

–Tienen qué traer un documento que los identifique. Ese es el gran reto que tenemos como región. Si hablamos que el año pasado se registraron más de 24 millones de ingresos documentados (aéreos, terrestres y marítimos, por ambas fronteras), de éstos 2.4 millones fueron por la frontera sur. Entonces, con esas cifras le puedo decir que el porcentaje (de irregulares) es mínimo en comparación con el número de personas que pasaron de manera documentada. Es decir, estamos ante un problema que sí se está enfrentando.

El funcionario hizo también  un balance del estado que guarda el INM, sometido a un proceso de restructuración.

Hace tres meses, en entrevista con La Jornada, declaró que el insrtituto –creado hace casi 18 años– estaba ante su última oportunidad: o se transforma o habrá de pensarse en una nueva instancia –expresó en mayo pasado–, y fijó un corto plazo para ver resultados. Habló entonces de una rotación de personal, el despido de 350 trabajadores, de una plantilla de 5 mil, y precisó que hasta abril habían sido evaluados mil 52 agentes, de los cuales 62 fueron cesados y 40 enfrentaban procesos penales.

Hoy asegura que más de mil 500 empleados del INM están siendo evaluados; hay rotación de delegados y una depuración en marcha. Seguimos avanzando en esta prueba, dijo.