La defensa de los derechos humanos en México es una labor cada vez más riesgosa para los activistas y sus familiares, no sólo por las amenazas, asesinatos y desapariciones a que se ven expuestos por la delincuencia organizada, sino también por la criminalización que ha hecho el gobierno de esta tarea.

Advirtieron lo anterior colectivos participantes en el cuarto Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Periodistas –que finalizó ayer–, quienes llamaron a las autoridades a concretar de inmediato un mecanismo de protección, como es su responsabilidad institucional.

En una declaración firmada por una treintena de organizaciones, los activistas lamentaron que la situación de los derechos humanos en México ha sufrido un grave retroceso, y pusieron como ejemplo los temas de la ley de seguridad nacional, la militarización, la persistencia del fuero militar y el incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Peligro permanente

Además del peligro permanente que significan los grupos de delincuentes para los defensores de las garantías fundamentales y los periodistas –subrayaron–, nos enfrentamos a campañas de desprestigio (...) y al uso del sistema penal para criminalizar nuestra labor.

Por ello, los colectivos instaron al gobierno a que cumpla su responsabilidad de proteger a los promotores de las garantías individuales y a los comunicadores, por medio de leyes reglamentarias que permitan concretar dicha defensa.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, deploró que el gobierno de México no aplique medidas cautelares en favor de decenas de activistas amenazados ni busque a los responsables de las intimidaciones, lo cual favorece el clima de impunidad en el país.

Por su parte, Sandra Salcedo, del programa de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana, campus ciudad de México, resaltó que las autoridades no pueden evadir su responsabilidad de brindar protección a la gente. No dejamos de hacer por nuestra cuenta, pero tampoco dejamos de exigirle al gobierno que haga su trabajo.

Magdalena López Paulino, responsable de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, indicó que en Los Pinos siguen buscando excusas para no cumplir con los ordenamientos de la CIDH, como demuestra el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.