Estudiantes y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y defensores de los derechos humanos censuraron el allanamiento suscitado la madrugada del jueves pasado de las casas del poeta Efraín Bartolomé, la profesora universitaria Patricia Magaña y los padres de la académica en la colonia Héroes de Padierna, en la ciudad de México, por agentes del estado de México.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que los cateos recientes demuestran una vez más que policías y fuerzas armadas recurren a dicha práctica en todo el país.

Se constata una realidad a la que hemos estado muy atentos: se carece totalmente de regulación en los allanamientos, pese a que la ley es muy clara al señalar que se necesita una orden judicial para ello. Ello choca frontalmente con lo que dijo Felipe Calderón sobre (la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos) Navi Pillay, de que todos los esfuerzos de seguridad del Estado se han realizado dentro de lo ordinario.

Cateos como los del jueves lo desmienten, porque “en la práctica ya hay intervenciones extraordinarias del Ejército y no sólo van en detrimento de la ciudadanía, sino también quitan al gobierno la comprensión que pide para esos operativos”.

Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, indicó que lo ocurrido en la casa del poeta es un acto más en la cadena de abusos permitidos o impulsados por las autoridades de los tres niveles.

Por desgracia son hechos cotidianos, pero ya no podemos quedarnos callados. Desde que llegó la Marina, en enero (a Coahuila), los cateos están a la orden del día. No sabes ni de quién cuidarte, porque cuando no es la delincuencia organizada son las fuerzas del Estado y las dos obran igual, lamentó.

En tanto, decenas de universitarios –sobre todo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde Magaña es profesora– firmaron un documento, en el cual demandan que se investigue el ingreso ilegal a dichas casas y se sancione a los responsables. Los miembros de la comunidad universitaria repudiamos este nuevo acto de intimidación, así como todos los de violencia que van destrozando nuestro país.

Por otro lado, autoridades del plantel sur del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM repartieron volantes entre la comunidad estudiantil para informar sobre el caso del joven César Hernández, quien fue asesinado durante un asalto en el transporte público la noche del martes pasado, muy cerca del colegio.

El escrito, signado por el director del plantel, Jaime Flores, y por la comisión del seguridad del consejo interno, señala que las autoridades universitarias solicitaron al Gobierno del Distrito Federal y a la Procuraduría General de Justicia de la capital que realicen la investigación correspondiente para que este delito no quede impune.

El director del CCH sur aseguró que, junto con el abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, y funcionarios de la dirección general del colegio acudieron al domicilio de los familiares del joven ultimado para expresar las condolencias de la comunidad universitaria, ofrecer su apoyo, compromiso y asesoría jurídica para esclarecer el crimen.