or qué nos quitan nuestras tierras para dárselas al rico? Se pregunta una señora de edad avanzada, integrante de una de las 70 familias que el 13 de agosto de 2009 fueron desalojadas con violencia del pueblo de San Antonio Ebulá, en Campeche. Dos años después, el agravio, la destrucción de sus viviendas y todas sus propiedades continúan impunes. La orden, denunciaron entonces, vino del empresario Eduardo Escalante, quien se dice dueño de las tierras que ellos habitan desde hace 40 años.

Ninguno olvida el día en que más de 100 personas protegidas por la Secretaría de Seguridad Pública del estado entraron por la fuerza al predio, lo destruyeron todo y agredieron a la gente, sin tomar en cuenta que las tierras se encuentran en litigio.

El Equipo Indignación, organización independiente de defensa de los derechos humanos, ha demostrado que más de 26 pruebas acreditan formalmente ante el Ministerio Público de Campeche que San Antonio Ebulá había sido reconocido como pueblo por distintas instancias oficiales, e incriminan directamente a los dueños de cons- tructora Escalante en el violento e ilegal desalojo. Existen fotografías, recortes periodísticos, resolución de un amparo sobre el juico agrario que prueban que éste se encontraba aún en litigio, así como documentación de la escuela del Conafe que funcionaba en el poblado y el registro ante programas oficiales como Oportnunidades

La destrucción y el desalojo fueron realizados por elementos de seguridad privada al servicio de constructora Escalante, hecho que incluso ha sido admitido públicamente por los representantes legales de la empresa, y que implica la comisión de flagrantes delitos marcados en el Código Penal de la entidad, pues ninguna persona puede hacerse justicia por propia mano ni sustituir a las autoridades encargadas de administrar justicia. El expediente contiene, desde hace algunos meses, la declaración del dueño de la empresa que realizó el desalojo, conocido como El Potoco, quien declaró que el señor Escalante lo contrató; admite que en el lugar había viviendas habitadas y, a pregunta expresa, señaló que si bien no le mostraron orden de desalojo, el señor Escalante le mostró un papel que acreditaba la propiedad de la tierra.

Ante la impunidad que encubre y protege al empresario responsable, el Equipo Indignación convoca a sumarse y acompañar la exigencia de justicia para Ebulá a través de una ciberacción este 13 de agosto. Más información en http://indignacion.org.mx/ebula/

losylasdeabajo@yahoo.com.mx - http://desinformemonos.org