La Organización Familia Pasta de Conchos dio un ultimátum al gobierno federal para que defina si procederá al rescate de los cuerpos de los 63 mineros muertos en ese socavón en febrero de 2006.

Han pasado tres meses desde que conversaron al respecto con el secretario de Gobernación, José Francisco Blake, con quien analizaron los aspectos técnicos, la viabilidad para el rescate, las características de los eventuales operativos y los alcances presupuestales necesarios para ello.

Los familiares no están dispuestos a esperar más. Si no hay una definición sobre este punto, nos enfocaremos a las gestiones y denuncias ante organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indicó Carlos Rodríguez, integrante de la organización.

El objetivo es que representantes de grupos de diversas partes del mundo vayan a Coahuila y se percaten del nivel de seguridad con el que ahí se explota el subsuelo.

“Los accidentes laborales en la zona carbonífera de Coahuila continúan. Los familiares se preguntan ¿cuál es la cuota para que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, acuda a supervisar personalmente la situación que ahí priva?, ¿para que ello ocurra tiene que estar en competencia por la candidatura presidencial?

En octubre próximo se cumple un año del rescate de los mineros chilenos y aquí no tenemos respuestas. Es claro que los familiares buscarán otras opciones. Por lo pronto, poco se ha difundido que hay 10 pozos cancelados, a los que se les ha negado la compra-venta de carbón, debido a las condiciones ilegales con las que realizan la extracción, agregó Rodríguez.

En tanto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó en el Diario Oficial de la Federación nuevas normas de seguridad para la extracción del carbón.

El proyecto de acuerdo de modificación a la norma oficial mexicana relativa a la seguridad para minas subterráneas de carbón entra en vigor hoy y plantea que para demostrar el cumplimiento de esta norma el patrón tendrá la opción de contratar los servicios de una unidad de verificación tipo A, para que evalúe el grado de cumplimiento, mediante la emisión de un dictamen de evaluación.

Otra opción es constituir una unidad de verificación tipo B, o contratar los servicios de una unidad tipo C para realizar de manera independiente la ejecución y validación de los requerimientos establecidos en la norma.