na y otra vez la terca realidad convalida la propuesta sugerida por el EZLN para destrabar el conjunto de nudo que impide la formulación de un proyecto de nación incluyente, justo y democrático. Quizá con el tiempo haya quienes olviden las propuestas formuladas por el EZLN durante el proceso de negociación realizado entre el gobierno federal y los zapatistas en los años 1995 y 1996.

Hay quienes afirman que las iniciativas políticas del EZLN han fracasado. Es obvio que a las fuerzas acumuladas por el EZLN y sus aliados y simpatizantes no les fue favorable la correlación de fuerzas para lograr concretar lo pactado con el gobierno federal en San Andrés Larráinzar, pero ello no implica que la razón, la historia y los mejores argumentos no hayan estado de su lado.

En 1995, después de las primeras cinco reuniones de trabajo entre el gobierno federal y el EZLN, donde las negociaciones se encontraban entrampadas debido a que el tema que se discutía era el de la distensión militar, el cual tiene por sí mismo demasiadas aristas, la primera Comisión de Concordia y Pacificación formuló una propuesta que atrajo la atención del zapatismo y permitió construir una interlocución, hasta ese momento no lograda.

La propuesta partía del reconocimiento de que el levantamiento zapatista era la expresión de una insurrección comunitaria, cuyas razones y causas compartía la mayoría del pueblo mexicano. A partir de esta premisa, el proceso de negociación caminaría por un lado en el desahogo de la agenda pactada entre el gobierno federal y el EZLN, y en paralelo en un proceso donde se impulsaría un amplio diálogo nacional para la reforma democrática del Estado, donde el Congreso de la Unión sería el convocante y la sociedad sería el escenario. En este proceso el EZLN sería uno de los actores que participarían, junto al conjunto de fuerzas políticas, sociales y económicas que conforman el espectro nacional.

El primer Foro sobre la Reforma Democrática del Estado se realizó en San Cristóbal de las Casas, donde el EZLN y un número importante de organizaciones de todo tipo participaron, esperanzados en una ruta que parecía poder resolver de fondo las justas causas que originaron el levantamiento zapatista.

En paralelo, se desahogó el primer tema de la agenda convenida entre las partes, denominado Derechos y cultura indígenas, y el 16 de febrero de 1996 la delegación del gobierno federal y el EZLN firmaron los documentos que hoy se conocen como los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Esta dinámica esperanzadora, donde el eje fundamental radicaba en la formulación táctica esgrimida por el zapatismo, y las causas que defendía, y lo sigue haciendo, se colapsó cuando el gobierno federal y los intereses que representa se negaron a cumplir con lo pactado y desataron una ofensiva mediática para descalificar el esfuerzo desplegado por segmentos importantes de la sociedad, e incluso por la misma delegación gubernamental, que a pesar de las diferencias había logrado concretar un acuerdo con los zapatistas, que trascendía la coyuntura y se ubicaba en la perspectiva de la construcción de un nuevo país.

Los personeros de las empresas trasnacionales, de las cuales hoy son sus empleados y que en ese momento eran funcionarios del gobierno, no batallaron para convencer al presidente Zedillo de que los acuerdos de San Andrés significaban un enorme peligro para desplegar la política privatizadora, que entregaba ya desde ese tiempo los activos mexicanos a las empresas extranjeras, de las cuales después se convirtieron en socios y sirvientes.

La descalificación para lo pactado en San Andrés fue la constante en el gobierno de Zedillo, se utilizó todo aquello que fuera necesario para satanizar a quienes habíamos compartido sueños y anhelos con los zapatistas.

Al EZLN se le sometió a una intensa campaña de agresión y hostigamiento en un vano intento por minimizarlo. Mientras a los zapatistas se intentaba reducirlos, a las trasnacionales energéticas, compañías mineras extranjeras y de las nacionales al Grupo México de Larrea, y a los grupos financieros internacionales, se les ponía en charola de plata todo aquello que pudiera favorecer sus intereses. En esos tiempos se produce el Fobaproa, el rescate de carreteras, se venden los ferrocarriles, satélites, se privatizan los puertos y aeropuertos y se realiza una intensa entrega de todo aquello que pueda ser negocio, en detrimento del patrimonio nacional.

Los resultados de esa política están a la vista: hoy somos una nación con mayores índices de pobreza, la seguridad nacional es un desastre, la delincuencia y el crimen organizado permean grandes capas sociales, los procesos electorales se sustentan en un enorme dispendio de recursos, donde lo importante no es el programa de los candidatos, sino las cantidades que se dilapidan en campañas vacuas y anodinas. Con las estadísticas en la mano no podemos decir que somos un mejor país al que existía antes del levantamiento zapatista.

A partir del incumplimiento del gobierno federal de lo pactado en San Andrés Larráinzar, los zapatistas se han dedicado a reorganizar sus fuerzas, consolidar sus relaciones internas y esperar con paciencia espartana mejores tiempos que les permitan lograr sus justos propósitos de vivir en una sociedad más justa y democrática. La impresionante movilización realizada hace unas semanas por miles de zapatistas en calles de San Cristóbal de las Casas desmiente a aquellos que daban por muerto al EZLN. El zapatismo vive, camina y en términos organizativos ha consolidado su presencia en las comunidades indígenas del país. En toda lucha hay desgaste, sin embargo también hay renovación, anhelos y nuevas esperanzas.

En medio de la actual circunstancia política, donde la constante son el cortoplacismo y el inmediatismo, no me queda duda de que el planteamiento zapatista de impulsar un proceso de diálogo nacional para la reforma democrática del Estado es una formulación vigente y de largo aliento.