En aras de construir la unidad partidaria, trastocada por un sinnúmero de irregularidades en el proceso interno para elegir presidente y secretario general del PRI en el Distrito Federal, cinco candidatos al cargo solicitaron al presidente nacional de ese instituto político, Humberto Moreira, y al titular de la Comisión Nacional de Procesos Internos, Pedro Joaquín Coldwell, la inmediata anulación del proceso.

Rosario Guerra, Juan Carlos Vázquez y Manuel Márquez, candidatos con registro, así como Felipe Caldiño y Salvador Helios, en litigio por haber sido excluidos del proceso, plantearon en un escrito aplicar el artículo 48 del reglamento de elecciones, al advertir un estado de fuerza mayor que altera gravemente el desarrollo normal del proceso de renovación de la dirigencia del PRI en el DF, que pone en riesgo la unidad y fortaleza del partido.

En conferencia de prensa en la sede nacional del PRI, informaron que solicitaron a Moreira una audiencia urgente para exponer las anomalías que violentan los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad, objetividad y certeza, como la entrega del padrón de consejeros políticos, que es un simple listado de nombres sin datos para su ubicación, y además rasurado; la impresión de una boleta foliada que viola el derecho al secreto, así como el mayoriteo de acuerdos en la Comisión de Procesos Internos del DF (CPIDF), que permiten la inducción del voto y generan condiciones de imparcialidad en favor de una de las fórmulas, la del líder del Movimiento Territorial, Cuauhtémoc Gutiérrez.

Acusaciones mutuas

El presidente de la CPIDF, Víctor Carrillo, y el diputado local e integrante de la comisión Isarel Betanzos, ambos del grupo de Gutiérrez, negaron dichos señalamientos y acusaron a los candidatos de dar la espalda a Moreira, quien emitió la convocatoria correspondiente.

La diputada local Alicia Téllez, integrante también de la CPIDF, informó que en su nombre y el de tres consejeros más: Víctor Manuel Álvarez, Juan Hoffman y Alan Pérez Escudero –la comisión la integran nueve–, denunciaron a la dirigencia priísta otras irregularidades que hacen imposible llevar a cabo la elección antes del 14 de agosto, como la ilegalidad del propio consejo que concluyó en mayo su gestión, imparcialidad en el registro de candidatos y falta de certeza sobre los funcionarios que estarán al frente de las 12 mesas de votación que se instalarán el domingo.