Las leyes de los institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Mexicano del Seguro Social (IMSS) están tocadas de muerte y deberán ser reformadas en la próxima legislatura, advirtieron la ex diputada Rosario Ortiz Magallón y Gustavo Leal, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Iztapalapa, en el foro A cuatro años de la reforma Calderón al ISSSTE, organizado por Casa Lamm y La Jornada.

Expusieron que los 2 millones de amparos interpuestos –y ganados– contra dichas modificaciones marcaron su inconstitucionalidad; lo preocupante es que aún no se han protegido los derechos de los trabajadores de nuevo ingreso a una seguridad pensionaria ni una mejora en los servicios de salud. Es paradójico que los jóvenes médicos y enfermeras, además de jueces, trabajadores municipales y todos los que están dentro del apartado B del artículo 123 constitucional, estarán sujetos a servicios de pésima calidad. A la fecha, en el sector salud hay 70 mil trabajadores que no están contratados formalmente, apuntó Leal.

Refirió que la discusión en torno al fracaso de la reforma a la Ley del ISSSTE ha sido eclipsada por el enfrentamiento entre el presidente Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por medio del actual director del instituto, Jesús Villalobos López. Los señalamientos son en torno a la mala administración de Miguel Ángel Yunes (ex amigo de Gordillo) y de Villalobos López, pero no se cuestiona el fracaso de la citada ley.

Pleito entre bandas que han monopolizado los recursos

Es un pleito entre bandas que han monopolizado los recursos de esa institución, pues, ¿cómo se explica que Felipe Calderón ordenara que con el presupuesto del Turissste se pagaran las fiestas del bicentenario? ¿Por qué si los recursos del instituto han aumentado tres veces no ofrece buen servicio? ¿Por qué no hay medicamentos si Yunes firmó un contrato de compra de fármacos especializados por más de 3 mil millones de pesos? ¿Cómo se aplicaron los 8 mil millones de pesos asignados al sector tras aprobarse la reforma a la ley del instituto? La Secretaría de Hacienda y la Contraloría Superior de la Federación tienen que aclarar la situación, señaló.

Asimismo, asentó que con los 2 millones de amparos, los trabajadores reventamos la pretensión de Calderón de privatizar las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Garantizamos las pensiones por más de 10 salarios mínimos, pero los servicios de salud están cada vez peor.

En tanto, Rosario Ortiz Magallón propuso que, luego de cuatro años de la reforma a la Ley del ISSSTE, hay que rescatar la organización que se logró para interponer –en lo individual– los amparos. Comentó que desde 2008 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) solicitó al gobierno mexicano llevar a cabo un análisis financiero para comprobar si la Ley del ISSSTE cumple con lo señalado en el artículo 102 del organismo internacional –relativo a la seguridad social– y una evaluación total al instituto junto con el IMSS.

Sostuvo que las cifras que debe proporcionar el gobierno tienen que estar actualizados, considerando el nivel del salario y la inflación: no se trata de presentar datos de 2007, cuando fue aprobada la reforma a la Ley del ISSSTE.

Apuntó que en una primera respuesta al requerimiento de la OIT, el gobierno afirmó que las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado son cuatro veces más altas de lo que establece el organismo internacional, pero éste respondió que no encontró ningún documento que sustente tal dato. México está quedando como un país incapaz de garantizar la seguridad social para los trabajadores.

Ortiz Magallón y Leal mencionaron que la Ley del ISSSTE establece que debe revisarse cada cuatro años, periodo que se cumple en 2011.