omo ha venido ocurriendo en años recientes, cientos de aspirantes no aceptados en los ciclos de educación superior del Distrito Federal y el área metropolitana se movilizaron ayer en el centro de esta capital, en demanda de que el Estado cumpla su responsabilidad de ofrecer educación a todos los jóvenes, sin marginar a una inmensa mayoría que queda fuera de la enseñanza media y superior.

A reserva de esperar los resultados de la mesa de negociación instalada desde hace días entre estudiantes rechazados, autoridades universitarias y la Secretaría de Educación Pública, el carácter recurrente de estas movilizaciones, el creciente número de aspirantes que no alcanza acomodo en los ciclos mencionados y la situación de precariedad que enfrentan las universidades públicas ante la perspectiva constante de la reducción presupuestaria, constituyen signos preocupantes de un conflicto social que debiera ser atajado por las propias autoridades antes de que sea demasiado tarde.

Sería impreciso achacar la circunstancia de marginación educativa que padecen cientos de miles de jóvenes a un mal desempeño en los correspondientes exámenes de admisión: al fin de cuentas, sin soslayar las enormes deficiencias que arrastra buena parte de los egresados de los ciclos de enseñanza básica a cargo del Estado, esas pruebas están diseñadas para distribuir, entre un caudal cada vez mayor de aspirantes, un número reducido de lugares en las universidades públicas y en los planteles de bachillerato. Más que mecanismos de evaluación de conocimientos y habilidades, los procesos de admisión a la educación media y superior constituyen instrumentos de exclusión que remiten, inevitablemente, a las dinámicas económicas y sociales competitivas y darwinistas que se han impuesto en el país en décadas recientes y que preconizan la supervivencia de los más aptos.

En esa circunstancia, la imposibilidad de acceder al bachillerato y a la universidad es vivida por miles de jóvenes como una cancelación terminante de sus horizontes de desarrollo profesional y personal. Tal percepción alimenta expresiones de descontento como las que se dieron en esta capital o como las que se realizan –en escala mucho mayor– en Chile, donde ayer mismo se manifestaron alrededor de cien mil personas en rechazo al modelo privatizador de la educación impuesto por las administraciones anteriores y profundizado por el gobierno de Sebastián Piñera.

En el caso de México, tal situación coloca a las universidades públicas ante la difícil perspectiva de enfrentar una presión social que, en todo caso, tendría que ir dirigida contra los defensores e impulsores del modelo económico vigente: al fin de cuentas, las primeras no pueden expandirse de la noche a la mañana para dar cabida a la totalidad de los aspirantes que buscan matricularse; los segundos, por su parte, han permitido el desarrollo de las tendencias privatizadoras en la educación; han propiciado el deterioro y, en algunos casos, la ruina de escuelas oficiales y universidades públicas, y han impulsado la conversión del conocimiento y la enseñanza –los cuales, por definición, no tienen precio– en mercancías sólo al alcance del mejor postor.

En lo inmediato, es deseable que las autoridades educativas logren acuerdos para colocar a la mayor cantidad posible de jóvenes rechazados en planteles de enseñanza media y superior. Es igualmente necesario que se revisen y corrijan deficiencias y vicios que privan en los niveles de educación básica, empezando por el abandono presupuestario y la entrega del control de esos ciclos a la cúpula charra que domina el magisterio.

Sin embargo, la solución real a la demanda de enseñanza en la zona metropolitana y en el país pasa necesariamente por el respeto al carácter universal de la educación en todos sus niveles, y ello no se logrará sin la ampliación de la oferta de plazas disponibles y sin la correspondiente creación de nuevas instituciones de educación superior. De otra manera, difícilmente podrá evitarse que cada vez más muchachos y muchachas se vean obligados, ante la escasez de perspectivas de vida, a buscar un futuro en la economía informal, en el mejor de los casos, o en las filas de la delincuencia, en el peor, y se estará asegurando, a mediano y largo plazos, la derrota del país ante la descomposición social.