La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se perfila a ordenar al Gobierno del Distrito Federal (GDF) que indemnice a Promotora Internacional Santa Fe por la expropiación del predio El Encino. De acuerdo con un estudio preliminar, el costo para las arcas capitalinas sería de alrededor de 240 millones de pesos.

Al comenzar ayer la discusión de la inejecución de sentencia de la sentencia de amparo sobre dicho predio –cuyo litigio lleva más de 10 años–, cuatro ministros apoyaron la propuesta del ministro instructor, José Ramón Cossío, de ordenar el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo –la quejosa pide la devolución del terreno– y, de acuerdo con las discusiones previas que ha tenido el pleno sobre el tema, se prevé que se logren los seis votos necesarios para ordenar el peritaje comercial del predio ubicado en Santa Fe y su actualización de precio.

Fernando Franco consideró que, de regresar el predio a su dueño, los daños a la sociedad serían mayores que los beneficios económicos que obtendría el demandante.

Ante los cuestionamientos de los ministros que se opusieron al dictamen y que proponen la devolución del predio, Franco les recordó que no está a discusión si el gobierno capitalino demostró la causa de utilidad pública para expropiar, sino la procedencia del cumplimiento sustituto de la resolución.

Cossío presentó un estudio elaborado por tres especialistas de la UNAM en materia de urbanismo, ingeniería, economía y derecho (Antonio Azuela de la Cueva, Carlos Bustamante Lemus y Eduardo Ramírez Favela), el cual señala de manera contundente que la falta de conclusión de las obras establecidas en el predio El Encino acarrea un grave perjuicio a la sociedad y a terceros en términos de tráfico vehicular, afectando a 28 mil personas cotidianamente, por lo que las obras proyectadas en el terreno se aliviarían en gran manera con la apertura de Prolongación Vasco de Quiroga y Carlos Graef Hernández.

Si se construyen las obras previstas, habría la enorme oportunidad de aprovechar la zona en materia de vialidades y comunicaciones urbanas, más aún si se considera que estas mejoras se efectuarían sobre una de las zonas de mayor crecimiento demográfico del país.

De acuerdo con el estudio, la ejecución de la sentencia de amparo equivaldría a 240 millones de pesos, mientras el cumplimiento sustituto generaría un gasto de 220 millones.

Olga Sánchez Cordero, Luis María Aguilar, Fernando Franco y Sergio Valls, quien propuso que sea la Corte la que determine, con el apoyo de peritos, el monto de la indemnización en un plazo no mayor de 30 días, y que el GDF pague en un plazo similar, apoyaron a Cossío.

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Jorge Pardo, Margarita Luna Ramos y Sergio Aguirre se manifestaron en contra del proyecto, por considerar que el GDF no acreditó la causa pública para justificar la expropiación del predio realizada en noviembre de 2000. Aguirre incluso descalificó el estudio de los especialistas de la UNAM.

Quedaron pendientes de fijar su postura el ministro presidente, Juan N. Silva Meza, y Arturo Zaldívar, quienes en noviembre pasado –cuando el pleno ordenó nuevo estudios para tomar una decisión– se pronunciaron por el cumplimiento sustituto de la sentencia y la indemnización económica a Promotora Internacional Santa Fe.

La discusión del asunto continuará mañana jueves.