Luego de la negativa a declarar la alerta de violencia de género en el estado de México, las autoridades del gobierno de la entidad ahora se niegan persistentemente a proporcionar información sobre el número de feminicidios cometidos, denunciaron diversas organizaciones de derechos humanos y de protección a la infancia. Lamentaron el altísimo índice de impunidad que prevalece para este tipo de casos.

En conferencia de prensa señalaron que un caso emblemático de esta realidad es el de Nadia Alejandra Muciño Márquez, asesinada hace siete años por Bernardo e Isidro López Gutiérrez, esposo y cuñado de la víctima, respectivamente. Sin embargo, el primero se encuentra prófugo, y el segundo fue absuelto por los magistrados de la primera sala colegiada de Tlalnepantla, luego de desestimar las declaraciones de los hijos de Muciño Márquez, frente a quienes se cometió el homicidio.

María Antonieta Márquez, madre de la víctima, presentó hace unos días en la Procuraduría General de Justicia del estado de México una denuncia en contra de los magistrados Alfonso Velázquez Estrada, Gloria Acevedo Esquivel y Rodolfo Antonio Becerra, por dicha absolución, además de que exigió medidas cautelares para proteger a los hijos de Muciño Márquez, ya que la libertad de que actualmente gozan las personas señaladas como responsables de su muerte los coloca en situación de vulnerabilidad.

En la denuncia, presentada en compañía de los abogados de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), se solicita al procurador de la entidad, Alfredo Castillo Cervantes, investigue la actuación de los magistrados, ya que la absolución que dictaron a Isidro López contravino incluso los criterios que la misma sala ya había fijado sobre dicho caso.

Isidro López, luego de seis años del homicidio, pudo ser sentenciado a 42 años de prisión por este delito a finales de 2009, en un proceso en el que todas las instancias judiciales habían reconocido el valor de los testimonios de los menores para dictar dicha sentencia. Sin embargo, él apeló de la condena en febrero pasado y dos meses más tarde fue puesto en libertad por los magistrados, quienes negaron validez a ls declaraciones de los menores que atestiguaron los hechos.

Sergio Méndez Silva, de la Cmdpdh; Alejandro Rojas, de la ODI, y Juan Martin Pérez García, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), señalaron que este caso ya fue presentado desde octubre pasado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Junto con la madre de la víctima, los abogados y representantes de derechos humanos destacaron la ineficiencia de las autoridades de justicia mexiquense, pues a siete años de los hechos no se ha cumplimentado la orden de aprehensión en contra del presunto homicida Bernardo López Gutiérrez, a pesar de haber sido visto en diversas ocasiones. Con esta dilación inexplicable se ha imposibilitado llevarlo ante la justicia y perpetuado un estado de impunidad, señaló un comunicado suscrito por los tres organismos de derechos humanos.

Incluso, esta dilación es el argumento principal que obligó a presentar la queja ante la CIDH, pues no hay ni siquiera las condiciones para agotar en el país todos los recursos procesales, pues la ineficiencia y la falta de voluntad política de las autoridades dificultan todos los procesos y la impartición de la justicia.

Las organizaciones que acompañan la denuncia exhortaron al gobierno del estado de México para que antes de que termine su gestión, en cumplimiento con este reclamo de las víctimas, aprehendan al presunto homicida Bernardo López Gutiérrez y lleven a proceso penal a los magistrados que absolvieron a Isidro López.

El 12 de febrero de 2004, Nadia, de 24 años en ese entonces, apareció muerta en el baño de su casa, con una soga y un cable de luz en el cuello. El MP determinó que la muerte se debió a un suicidio, y no a un feminicidio, a pesar de los indicios y antecedentes de violencia de género.