La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convocó a celebrar un pacto político y social que permita reorientar las instituciones de seguridad y justicia a fin de hacer frente a la crisis de violencia que enfrenta el país. Demandó asimismo consensos para dar un giro inmediato en las estrategias de seguridad, centrándolas en la prevención del delito, el abatimiento de la impunidad, la reducción del número de muertes y lesionados, la preservación de la integridad de las personas y la defensa de sus derechos humanos.

La máxima casa de estudios presentó ayer, en la Antigua Escuela de Medicina, 30 propuestas en materia de seguridad y justicia, con el objetivo de que los poderes políticos y los movimientos sociales las asuman y trabajen en acciones para su concreción. El documento es resultado de los trabajos de la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, realizado en junio pasado, donde participaron 88 especialistas de México y otras naciones.

Correspondió al investigador emérito Jorge Carpizo McGregor, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, dar a conocer los planteamientos, entre los que resaltan diseñar un plan para el regreso de las fuerzas armadas a las funciones que les son naturales, tan pronto como sea posible; llevar a su máxima intensidad la persecución del lavado de dinero; establecer un registro nacional de víctimas y fortalecer mecanismos de reparación del daño para sus familiares; además, que México cumpla con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y proponer la convocatoria a una cumbre internacional para valorar los problemas de los migrantes, narcotráfico, drogas, lavado de dinero y trata de personas.

El acto fue encabezado por el rector José Narro Robles, quien subrayó que cuando la inseguridad y la injusticia amenazan a nuestra población, nos resulta imposible actuar con disimulo. Hacer como que estos temas son distantes y extraños a nuestro quehacer, cubrirnos con un manto de sordera y de ceguera, pasar de reservados a silenciosos y de esa condición a afónicos e incluso mudos, no es ése el papel que le corresponde a los universitarios del país. Eso no es lo que le conviene a nuestra sociedad ni es la forma en que nos vamos a comportar. La historia lo registraría como desleal y equivocado.

Pierden su tiempo –sostuvo– quienes esperan que el rector y los universitarios actúen así. Ellos están en su derecho de plantear sus dichos y nosotros el de responder, desde la academia, con propuestas y acciones de beneficio colectivo. Que nos disculpen, pero deben saber que los límites de nuestra responsabilidad no los fijan ellos; nuestra legislación nos lo autoriza y la conciencia nos obliga.

Convocó a todos los representantes del Estado a analizar las propuestas y asumir su responsabilidad para generar la política en la materia. La disyuntiva es clara: o somos capaces de celebrar el pacto social que se propone o fallaremos en nuestro cometido. Pidió el apoyo de todos los actores para que unidos y bien articulados derrotemos juntos al crimen, al delito y a la injusticia.

Carpizo, también presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y ex procurador general de la República, planteó que si se desea seguridad y justicia en democracia, México tiene que enfrentar la pobreza que vive la mitad de los mexicanos, la imperante desigualdad social, despojarse de egoísmos, eliminar privilegios y falsos prestigios políticos, religiosos y sociales. Por ello, llamó a poner manos a la obra ya, sin dilación alguna para traducir en acciones concretas estas propuestas.

El documento, expresó Carpizo, plantea realizar un diagnóstico transparente, participativo e incluyente que defina el problema de la inseguridad y la violencia, la ruta a seguir para abatirlo y mecanismos de evaluación periódica (cada seis meses).

Los jóvenes

La propuesta aborda varios puntos referentes a la juventud, como conducir la agenda de prevención al centro de la política de seguridad, comenzando por los jóvenes; llevar a la práctica programas formulados con un enfoque multidimensional que reconozca la heterogeneidad de ese sector, que contemplen espacios y foros para su expresión.

Generar programas específicos para propiciar la permanencia o reinserción de los jóvenes en el sistema educativo y proporcionarles insumos que los preparen para su vida laboral; rediseñar políticas de empleo que destaquen la importancia del nexo escuela-trabajo; ofrecer estímulos fiscales a empresas que contraten jóvenes y capaciten a sus empleados; propiciar una cultura emprendedora entre ellos y establecer una defensoría que los oriente, asesore y proteja en los entornos familiar, escolar, civil, penal, laboral y administrativo.

También se propuso dar autonomía al Ministerio Público; realizar un diagnóstico objetivo, imparcial e integral del sistema carcelario mexicano y dejar de ver la prisión como la medida más adecuada para la solución del conflicto social generado por los delitos, dimensionándola como un último recurso únicamente para los delitos violentos; dar autonomía a los órganos fiscalizadores; favorecer la reinserción social de la figura del policía y brindarles condiciones laborales adecuadas, sistemas de supervisión y evaluación.

Al acto asistieron representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como la ministra Olga Sánchez Cordero y el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, y de organismos internacionales como Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de movimientos sociales, como el poeta Javier Sicilia, entre otros.