El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) expuso que las nuevas acusaciones en contra de Martín Esparza Flores, líder del gremio, y de otros dos integrantes y colaboradores del sindicato obedecen a que el gobierno federal busca criminalizar el movimiento y entorpecer el otorgamiento de la toma de nota de la dirigencia 2011-2013.

A fines de julio, el SME dio a conocer la existencia de nuevos procesos por el delito de fraude genérico en grado de tentativa en contra de su dirigente; de Eduardo Bobadilla Zarza, secretario del trabajo del SME, y de Amalia Vargas Ríos, apoderada legal del gremio, y señaló que estas órdenes de aprehensión, contra las cuales se ampararon, no tienen base.

De acuerdo al gremio, éstas responden al linchamiento que se hace en contra de la organización y a un intento por descabezar el movimiento. Añadió que el gobierno federal no hace otra cosa que anunciar el escalamiento de una salida represiva al conflicto, que apunta al violento desalojo de nuestro campamento en el Zócalo capitalino.

Añadió también que, con la fabricación de delitos, el gobierno busca privar de su libertad a Martín Esparza y que es evidente que la pretensión de este montaje oficial no es castigar a nadie, pues saben a la perfección que no existe delito alguno, sino de lo que se trata es de engañar a la opinión pública y hacerle creer que Martín Esparza es culpable y argumentar que por estar sujeto a un proceso, no se le puede otorgar la toma de nota, buscando, esta vez por la vía penal, dejar sin personalidad jurídica a nuestra organización.

Subrayó que ahora la campaña de criminalización pasa del linchamiento mediático a la fabricación de delitos: el rostro embozado de la represión contra los dirigentes electricistas no llega ahora bajo la figura de los toletes de la Policía Federal sino en una supuesta acusación de tentativa de fraude, curiosa y sospechosamente iniciada por la Procuraduría General de la República, por el solo hecho de haber solicitado al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) la entrega de las cuotas sindicales aportadas por nuestros compañeros, y que hasta la fecha dicho banco mantiene en su poder.

Aseguró que “la maniobra es tan burda que sin tener las pruebas necesarias y antes de oír la defensa de nuestros líderes, y por ende, sin emitirse siquiera sentencia alguna, el juzgado segundo de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal establezca que ‘se suspende a los procesados en el ejercicio de sus derechos políticos, únicamente por el tiempo de duración de este proceso’”.