La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que el principio de excepcionalidad de extranjeros indocumentados no está garantizado en la nueva Ley de Migración mexicana y tampoco en la práctica actual. Precisó que existen serias dificultades para el ingreso de las organizaciones de la sociedad civil a las estaciones migratorias y, adicionalmente, hay deficiencias en lo que toca a la atención de grupos vulnerables.

La CIDH señala al gobierno mexicano que existen parámetros ante los extranjeros que deben partir, según la declaración de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la presunción de libertad. El Instituto Nacional de Migración indicó que el corredor migratorio México-Estados Unidos es el de mayor movimiento en el mundo, con tránsito de 11.6 millones de emigrantes en 2010.

Respecto a la migración irregular, el INM ha señalado que cada año ingresan a México aproximadamente 140 mil indocumentados, la mayoría centroamericanos, aunque funcionarios estatales y organismos civiles indican que la cifra podría ser mucho mayor, unos 400 mil por año.

La mayoría de ellos transitan por México con destino a Estados Unidos y, si bien el derecho internacional reconoce que los países pueden definir mecanismos para controlar el ingreso y salida de extranjeros en su territorio, la CIDH comenta que el gobierno mexicano debe incorporar el principio de excepcionalidad de la detención.

En la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes, de la CIDH, al término de su reciente visita a México, subraya que el argumento de que la persona representa una amenaza para la seguridad pública sólo es aceptable en circunstancias excepcionales, incluso la sola existencia de antecedentes penales no es suficiente para sustentar la detención de un inmigrante una vez que ha cumplido una condena.

Cuartos sin ventilación y celdas de castigo

En su reporte, la CIDH refiere que, según el INM, durante 2010 las autoridades detuvieron en estaciones migratorias a 69 mil 903 personas en situación irregular.

La información recibida durante la visita indica que el principio de excepcionalidad de la detención no está garantizado. En tanto, precisa que en muchos casos la relatoría pudo comprobar que los cuartos de los migrantes no cuentan con una adecuada circulación del aire; en lugar de ventanas tienen pequeñas rendijas que dificultan la entrada de luz y se utilizan rejas estilo carcelario para dividir los espacios de habitación.

Añade que se recibió información sobre prácticas como el encierro bajo llave de los migrantes durante la noche y el uso, en algunos casos, de celdas de castigo.

La relatoría recuerda que el hecho de ingresar en un país incumpliendo los requisitos de acceso constituye a lo sumo una falta administrativa, por lo cual la enorme mayoría de las personas ahí detenidas no deberían estar privadas de su libertad, advirtió.

La relatoría, encabezada por el abogado Felipe González, recibió también información sobre las dificultades que enfrentan los migrantes para obtener una adecuada representación legal y, además, la CIDH comprobó que existen serias dificultades para el ingreso de organizaciones de la sociedad civil en esos inmuebles.

Fallas en la atención médica

Agregó que tras una visita a las estaciones de Iztapalapa, en el Distrito Federal, y Tapachula, Chiapas, se comprobó que en general cumplen con condiciones de infraestructura e higiene, aunque hay fallas en la atención médica y para el acceso a la comunicación con sus abogados y familiares. En tanto, la Secretaría de Gobernación emitió ayer un comunicado, en el que afirma que el canciller hondureño, Mario Canahuati, reconoció la disposición de México en materia migratoria. El funcionario recorrió también la estación migratoria de Iztapalapa.