En Estados Unidos resulta incomprensible que las autoridades mexicanas permitan que quienes han violado los derechos humanos de la ciudadanía –en particular militares– continúen sin castigo. Con esto México vulnera tanto sus normas propias como el derecho internacional, subrayó Kerry Kennedy, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy (Centro RFK).

En entrevista con La Jornada, durante una visita de trabajo a comunidades de la montaña de Guerrero, junto al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Kennedy calificó de incomprensible que el Ejército Mexicano, que debería ser una de las instituciones de mayor reputación en el país, permita que en sus filas existan asesinos y violadores.

También lamentó las sistemáticas violaciones a los derechos que sufren en el país los defensores de garantías fundamentales y comunidades indígenas, así como el que México no haya cumplido a cabalidad las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su contra.

–¿Cuál es la percepción en Washington sobre la respuesta que las autoridades mexicanas ha dado a las sentencias de la CIDH?

–Es un tema que afecta la reputación del gobierno de México. En Estados Unidos se piensa en México como un país hermano y para mucha gente es increíble lo que está pasando. Es una especie de confusión, en especial porque no se entiende como es que el Ejército –que debe ser una institución de la cual la población se sienta orgullosa– quiera proteger a asesinos y violadores en lugar de sancionarlos por los crímenes que han cometido. Ese no es el tipo de soldado para una institución profesional.

Para la activista el contexto de violencia que enfrenta México y la estrategia contra la delincuencia organizada propicia que en el país se enfrenten serias violaciones de garantías.

Indicó que el hecho de que abusos perpetrados por elementos de las fuerzas armadas contra la población permanezcan impunes y que éstos continúen siendo juzgados por tribunales militares representan una franca violación al derecho mexicano, al internacional, a las sentencias de la CIDH y a los compromisos acordados en la Iniciativa Mérida.

Kennedy (hija de Robert F. Kennedy –asesinado en 1968–, quien fuera fiscal general, senador y candidato presidencial de Estados Unidos) consideró como fracasos del Estado mexicano, en particular de la Procuraduría General de la República, que aún no se cumplan en toda su extensión las sentencias de la CIDH –sobre todo la referente al caso de Valentina Rosendo e Inés Fernández, indígenas de Guerrero violadas sexualmente por militares en 2002–, que exista impunidad en sus casos e inobservancia de las garantías fundamentales y que los abusos de militares aún no sean transferidos a la justicia civil.

Durante su recorrido de una semana por municipios de la Montaña de Guerrero, la activista estadunidense pudo percatarse que los indígenas sufren abusos de los soldados.

Fui testigo en esta última semana que en estas comunidades hay una presencia militar muy fuerte. Los soldados no están bien entrenados ni preparados para trabajar en conjunto con las comunidades indígenas. Escuché muchas historias de incursiones donde toman posesión de sus tierras, roban su comida, entran a sus hogares y faltan al respeto a hombres y mujeres.

Sobre la situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en México, Kennedy sostuvo que existen cientos de casos de abusos, amenazas de muerte, atentados, asesinatos y violación. Es la cultura de la impunidad lo que permite que esto continúe.

Al respecto, Abel Barrera, director del Centro Tlachinollan, que en noviembre pasado ganó el premio de derechos humanos del Centro RFK, señaló que no garantizar seguridad a un activista es negarle la garantía de acceder a sus derechos y a la justicia a centenares de comunidades.

El Centro por la Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy es una organización con sede en Washington fundada en 1968 con el propósito de continuar con el legado del político del cual lleva su nombre y para apoyar a quienes trabajan en la defensa de garantías fundamentales. Después de otorgar el premio a la ONG mexicana ambas agrupaciones trabajarán conjuntamente durante seis años.