La Habana, 5 de agosto. El Tribunal Supremo de Cuba ratificó la sentencia de 15 años de prisión contra el estadunidense Alan Gross, con lo cual se agotó el camino legal para este caso, el más reciente foco de tensión entre Washington y La Habana.

El fallo coincide con la decisión del Senado de Estados Unidos de aprobar esta semana 20 millones de dólares para un programa oficial de ayuda a la democracia en Cuba, lo cual produjo una paradoja: la ejecución de ese plan en la isla fue lo que llevó a Gross a la cárcel hace un año y ocho meses.

El comunicado que anunció el fallo dijo hoy que Gross ha tenido todas las garantías aplicables, un trato decoroso y humanista, contacto con su familia y asistencia consular. Esas líneas contrastan con la protesta que emitió el parlamento de la isla, el lunes pasado, por lo que llamó nuevos y graves obstáculos para la promoción de un hábeas corpus para Gerardo Hernández, uno de los cinco agentes cubanos presos en Estados Unidos.

La detención de Gross impide un mejoramiento de la relación con Cuba, según el gobierno de Washington. Para la isla, el obstáculo es el encarcelamiento de los cinco. La Habana no ha hecho explícita la opción de un canje, pero en la práctica los casos quedaron hoy frente a frente: ambos gobiernos creen que sus respectivos presos tendrían que salir libres de inmediato y la decisión más plausible, en uno y otro lados, parece ser un acto de clemencia, después de que se agotaron las vías judiciales.

En esa línea está la familia de Gross, que llamó hoy a los gobiernos a resolver diplomáticamente su disputa sobre las actividades de Alan y pidió al presidente Raúl Castro liberarlo inmediatamente por razones humanitarias.

Según un comunicado difundido desde Washington por el abogado Peter J. Kahn, la familia no se sorprendió con el fallo. Estaba descorazonada, pero con la esperanza de una solución diplomática, después de que han pagado un enorme precio personal en el largo conflicto político entre los dos países.

La Casa Blanca difundió una escueta declaración, sin alegatos políticos. El vocero del Consejo de Seguridad Nacional, Tommy Vietor, sólo pidió al gobierno cubano liberar inmediata e incondicionalmente a Gross y permitirle volver con su familia.

La declaración cubana ratificó la esencia de los cargos contra Gross: traer en forma ilegal material para construir aquí redes de comunicaciones, destinadas a promover acciones desestabilizadoras en el país y a subvertir el orden constitucional en la isla.

El recurso ante el Tribunal Supremo sólo era por cuestiones procesales y ya no afectaba el fondo. Gross fue sentenciado por el delito de actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado, previsto con una pena de 10 a 20 años de prisión o la muerte.

Según una nota anterior del gobierno cubano, durante su juicio, en marzo pasado, Gross acusó a la empresa estadunidense para la que trabajaba, Development Alternative (DAI), de haberlo puesto en peligro y conducirlo a su situación actual, de arruinar la vida y la economía de su familia.

De acuerdo con esa versión, Gross se consideró utilizado y manipulado por la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) del Departamento de Estado estadunidense, que contrató a DAI.

La familia de Gross ha revelado que el detenido perdió unos 45 kilos de peso, que su hija y su esposa han tenido graves problemas de salud y que tuvieron que vender su casa en Washington.

En la audiencia ante el Tribunal Supremo, el mes pasado, Gross dijo que nunca tuvo intención de dañar al pueblo o al gobierno cubano, según un reporte de Kahn.

El programa de la AID, para el cual trabajó Gross, tiene ahora nuevos fondos, después de que los senadores John Kerry y Patrick Leahy retiraron sus respectivas objeciones, que no impugnaban el fondo del plan, sino la transparencia de su aplicación. Ese programa existe desde 1996 y, según Kerry, ha consumido ya algo más de 150 millones de dólares.