Chihuahua, Chih., 5 de agosto. El gobierno de Chihuahua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la familia de Paloma Angélica Escobar Ledezma, joven asesinada en 2002, llegaron este viernes a un acuerdo amistoso para compensar el daño moral, sancionar a los funcionarios que incurrieron en errores y omisiones en la investigación del feminicidio, e implementar políticas públicas que mejoren el acceso de las mujeres a la justicia.

La activista Norma Ledezma, madre de Paloma Angélica y presidenta de la organización Justicia para Nuestras Hijas, firmó con el gobernador César Duarte Jáquez el acuerdo que estipula compromisos, entre ellos una disculpa pública del estado por la violación a los derechos humanos de la víctima y su familia.

El acuerdo, cuyo contenido se mantuvo en secreto por norma de la CIDH, generó gran expectación entre organizaciones de derechos humanos de Chihuahua por su conexión con el fallo del Campo Algodonero, donde la Corte Interamericana dispuso el 16 de noviembre de 2009 una compensación económica a las familias de las víctimas y sanciones a las autoridades que incumplen sus responsabilidades.

Por el caso de Paloma Angélica su madre se convirtió de obrera de maquiladora en activista de los derechos humanos, y en la solución pactada del expediente se definió que las sanciones a exfuncionarios del sexenio del gobernador Patricio Martínez (1998-2004) serán aplicadas en los próximos seis meses.

El acuerdo amistoso se logró un día antes del plazo máximo fijado por la CIDH en el fallo del caso de Paloma Angélica, también representativo del feminicidio en Chihuahua.