La Comisión Federal de Competencia (CFC) quedó en una posición vulnerable por las consecuencias que enfrenta por la multa millonaria que impuso a Telcel a mediados de abril, advirtió Ramiro Tovar Landa, especialista en telecomunicaciones del ITAM.

Explicó que ahora que un juzgado federal negó el amparo a Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC, para participar en la revisión de la multa por el recurso que interpuso la empresa de telefonía celular, sólo tres de los cinco comisionados podrán votar. Si dos de ellos ratifican su negativa a la sanción (Luis Alberto Ibarra Pardo y Miguel Flores Bernés) contra el voto a favor de mantenerla de Rodrigo Morales Elcoro, es de preverse que la histórica multa de casi 12 mil millones de pesos contra Telcel se revoque o se reduzca sustancialmente.

Cuando se tomó la decisión hace cuatro meses, de los cinco comisionados que conforman el pleno, uno se excusó desde el inicio de participar por una relación de parentesco (José Agustín Navarro Gergely) y dado que hubo empate en la votación de los cuatro restantes, Pérez Motta usó su voto de calidad, con lo que inclinó la balanza contra Telcel.

Ahora tenemos que el presidente de la CFC está impedido de pronunciarse sobre el recurso de reconsideración que interpuso Telcel por haberse mostrado parcial ante la opinión pública y quedamos con la extraña situación de que un caso de tal relevancia sólo se decidirá entre tres comisionados, indicó el especialista.

Advirtió que además de atípico, que el pleno de la CFC actué en tales circunstancias queda reducido en su funcionalidad y consideró que para evitar que eso se repita debe haber una reforma interna y un código de conducta en el organismo para que no se vuelva a dar una votación reducida.

El órgano regulador, dijo, está obligado a cuidar al máximo sus procesos para que cuando recurra a multas como ésta, sean completamente apegadas a la ley y no puedan ser revocadas, pero insistió en que el problema de origen fue la parcialidad de Pérez Motta en el caso.

La CFC debe mantener una visión objetiva e imparcial de los casos para que cualquier empresa tenga la garantía de que se van a ponderar sus argumentos. No se trata de censurar a los comisionados pero debe existir la garantía de que cualquiera de sus resoluciones está apegada a la ley y no por una campaña de declaraciones mediáticas.

Criticó que Pérez Motta haya hecho tantas declaraciones en los medios sobre la multa a Telcel cuando todavía no era un proceso consumado y la empresa tenía derecho a inconformarse, con lo que vulneró la imagen del órgano regulador, más aún cuando acababan de aprobarse las reformas a la Ley de Competencia con las que se autorizó incrementar las sanciones contra las empresas e incluir penas corporales, las más altas en su historia.

Consideró que la decisión de la juez federal Blanca Lobo Domínguez de negar un amparo a Pérez Motta contra la decisión del pleno de separarlo de la revisión de la multa contra la empresa de Carlos Slim por el recurso de reconsideración que interpuso puso en evidencia la parcialidad del presidente del organismo.

Pese a todo, Tovar Landa consideró que la CFC sale fortalecida porque se aplicó la ley y está a tiempo de aplicar correctivos en sus procesos internos para demostrar ante el mercado y las empresas que es imparcial. La reducción del pleno, dijo, fortalece a la CFC en la medida que salvaguarda la objetividad de sus criterios.

Descartó que aunque Pérez Motta fue impedido para participar en la revisión de este caso, ello sirva de precedente para que cualquier otra empresa solicite que se le retire de las votaciones del pleno.