Los 21 delegados removidos de su cargo desde el pasado 29 de julio no acreditaron los exámenes de confianza al menos en dos ocasiones. Además, la productividad en términos de investigación y desahogo de averiguaciones previas y seguimiento de los procesos penales, tuvieron muy poca repercusión en el combate a la delincuencia y en una mejor procuración de justicia, señalaron, a más de cuatro años de que inició el presente gobierno, funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR). Por su parte, media docena de ex delegados revelaron a La Jornada que no renunciaron a sus cargos, sino que Rosa Elena Torres Dávila, encargada del despacho de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos y Amparo, supuestamente amenazó con boletinarlos en el registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública si no firmaban su renuncia con carácter de irrevocable.

De acuerdo con funcionarios de la PGR, en las delegaciones acéfalas la procuradora Marisela Morales colocará a funcionarios que colaboraron con ella en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de donde llegaron a esa institución la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), Patricia Bugarín, y la hasta ahora oficialmente subprocuradora de Procesos Penales, Dilcia García Espinosa.

Los ahora ex funcionarios, dos de ellos con más de una década de experiencia como delegados en diversas entidades del país, aceptaron narrar a este diario su versión de los hechos, a cambio de no dar a conocer sus nombres.

Aseguraron que en lo que va de este año ninguno de ellos recibió notificación, de parte de las autoridades correspondientes, respecto de que hubieran reprobado algún examen de control de confianza.

Dos de ellos sostuvieron que la última vez que fueron sometidos a un examen de evaluación fue a finales del año pasado.

Otro mencionó que el pasado lunes el coordinador de los comités estatales del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR en Guanajuato, Iván Omar Plascencia, hizo declaraciones a los medios de comunicación locales para mostrar su asombro por la supuesta renuncia de Martín Levario Reyes, quien fue delegado de esa dependencia en Guanajuato en los cuatro años recientes.

Nos declaramos perplejos, toda vez que en el caso de Guanajuato, desde 2007, cuando mandaron al delegado (Martín Levario), se le practicó su examen de control de confianza y el año pasado le volvieron a hacer otra prueba y las dos las pasó. No sé qué es lo que buscan, recriminó Plascencia, según asentaron diversos medios estatales.

Según la versión de estos ex funcionarios, el pasado miércoles recibieron una llamada de la oficina de la titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez para que ese mismo día se presentaran, de manera urgente, en las oficinas de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos y Amparo.

Cuando llegaron a las instalaciones de la PGR, ubicadas en avenida Reforma 211, los ahora ex delegados fueron concentrados en el piso 10 de ese edificio.

Uno a uno fueron llamados para reunirse con Elena Torres Dávila –quien coordina a los delegados que tiene la PGR en el país– en el piso 15 del edificio central de la institución. En la oficina estuvieron presentes además de Torres, el oficial mayor de la dependencia, José Enrique Girón Zenil, y Cuauhtémoc Salinas, ex secretario de acuerdos del segundo tribunal colegiado penal del primer circuito y actual coordinador de asesores de Morales Ibáñez.

Según los ex delegados ha trascendido entre funcionarios de la PGR que en breve Cuauhtémoc Salinas ocupará el cargo de subprocurador de Control Regional, que se encuentra acéfalo desde hace un mes, después de que renunció a ese puesto la abogada Dilcia García Espinosa.

“Cuando llegué al piso 15, la maestra Torres Dávila me dijo que no tenía más que firmar el documento de renuncia que ya tenía listo, y que ahora sé es el mismo que signaron los otros 20 delegados. La oferta era: ‘si firmas, te vas con tu expediente limpio; si no firmas, te boletinamos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública’”, narró uno de los ex funcionarios.

Otro ex delegado aseguró que la firma de las 21 renuncias, que ocurrió entre la noche del pasado miércoles y la madrugada del día siguiente, fue un acto oprobioso, porque nos trataron como delincuentes. De pronto elementos de la Policía Federal Ministerial comenzaron a rodear el edificio de Reforma 211 y taparon las puertas de acceso para que ninguno de nosotros saliéramos sin firmar. Hubo delegados que fueron escoltados hasta el piso 15, porque intentaron salir del edificio por las escaleras.

La opinión de los ex delegados entrevistados por La Jornada coincide en afirmar que los funcionarios –varios de ellos agentes del Ministerio Público con una carrera profesional hasta de dos décadas– fueron obligados a renunciar para dejar lugar a otros servidores públicos afines a Marisela Morales y a Torres Dávila.

La responsable de los lineamientos que deben seguir los delegados, Rosa Elena Torres Dávila, laboró de 1992 al 2001 en la Procuraduría de Justicia Militar, con el general Rafael Macedo de la Concha, quien al ser nombrado titular de la PGR, la designó como asesora.