Organizaciones civiles y defensores de los derechos de los indocumentados deben participar en la elaboración del reglamento de las leyes de migración y de refugio, porque de otra manera quedará fuera de la realidad que viven miles de personas que cruzan el país hacia Estados Unidos, afirmó Leticia Gutiérrez Valderrama, secretaria ejecutiva de la dimensión pastoral de la movilidad humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

En entrevista telefónica, sostuvo que el Estado mexicano debe garantizar la seguridad de los activistas, porque vivimos la misma situación que los migrantes al ser acosados por el crimen organizado y las fuerzas federales. Aseveró que el gobierno es el principal ausente en la labor de protección de ambos sectores.

Planteó que para dar continuidad al trabajo de las casas de ayuda a indocumentados es primordial que las autoridades dejen de calificar de mentirosos a los activistas cuando éstos denuncian secuestros y exigió que las autoridades reconozcan y respeten el trabajo solidario y humano de las agrupaciones civiles.

Explicó que durante la visita del relator para los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la CIDH, Felipe González, se insistió en la aplicación de una visa de tránsito para los centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos y cruzan por México, ya que esa medida evitaría el fortalecimiento de las redes criminales que lucran con la movilidad humana mediante el secuestro masivo o el tráfico de personas.