La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al gobierno federal que otorgue permisos (visas) temporales a los migrantes como alternativa para frenar las graves y constantes agresiones que sufren los extranjeros en tránsito por el país.

Ahora hay un contexto de riesgos para la seguridad del migrante mucho mayor, (lo que) hace necesario adoptar una medida de esa naturaleza, subrayó Felipe González, relator especial para los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la CIDH.

Dijo que México vive una situación de dualidad, de luces y sombras, porque si bien hay avances en el marco normativo, también existe una realidad migratoria dramática, violenta.

Precisó que la posibilidad de otorgar permisos temporales está incluida en la ley, por lo que la CIDH propone aplicarla ahora ante el serio problema de inseguridad.

No estamos diciendo que deba ser una obligación para todos los estados, en todas las circunstancias, pero en el contexto de México sería una respuesta que sería necesario adoptar, indicó González.

El relator presentó ayer un reporte preliminar de su visita de nueve días a las entidades que forman la ruta del migrante (Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas), durante la cual escuchó testimonios que delinean la tragedia que viven los trabajadores en tránsito, en el contexto de una constante descoordinación de grupos policiacos:

Asesinatos, desapariciones, secuestros y violaciones sexuales, trata y tráfico de personas, la mayoría de los cuales siguen en la oscuridad e impunidad, porque son pocos quienes se atreven a denunciar. El miedo no sólo es por las posibles represalias de la delincuencia organizada, sino de los propios agentes estatales. Es tal el clima de inseguridad, que muchos familiares no se atreven a denunciar, expresó González.

En el documento difundido a la prensa se reproducen algunos testimonios. Por ejemplo, una mujer narra que fue secuestrada y durante su cautiverio fue testigo de la matanza de decenas de personas; una más aseguró que era obligada a golpear a mujeres migrantes con maderos, mientras otras eran obligadas a agredirla. En tanto, la Procuraduría General de la República le precisó que, acerca de las fosas clandestinas, ha identificado 23 cuerpos, aunque reconoció que hubo deficiencia en el manejo de los cadáveres.

La CIDH le recuerda al Estado mexicano que tiene la obligación de investigar estos hechos, identificar y sancionar a los responsables, advirtió el relator.

La recomendación de la CIDH de otorgar visas temporales a los migrantes parte del diagnóstico de que la mayoría de los indocumentados busca llegar a Estados Unidos y es en su tránsito por México cuando se comete el mayor número de ilícitos.

La posibilidad de otorgar permisos temporales a migrantes está plasmada en la ley; la CIDH propone aplicarla ahora ante el serio problema de inseguridad, sostiene el relator Felipe GonzálezFoto Francisco Olvera

Según datos recabados por este diario, las propuestas de la CIDH ya fueron expuestas a funcionarios federales y gobernadores, quienes en principio mencionaron que con visas de ese tipo el problema de agresiones a migrantes posiblemente sólo se trasladaría a la zona norte del país, por lo que sería imprescindible que Estados Unidos modifique su política migratoria, además de alcanzar acuerdos bilaterales.

Este martes, el relator especial planteó que la vigencia del permiso podría ser de 180 días y su obtención no debería representar un gasto oneroso para el migrante: al llegar a México le bastaría con mostrar los documentos de identidad de su país de origen.

Estos puntos deben ser analizados en las próximas semanas en el contexto de la elaboración del reglamento de la ley de migración, que deberá estar listo a más tardar el 26 de noviembre.

La CIDH pidió al gobierno que escuche y consulte, de manera preferente, a las organizaciones de la sociedad civil.

Tanto el relator especial como el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, alertaron que el problema de inseguridad es grave.

Propuso mayor participación de los grupos civiles, incluso para que proporcionen alojamiento a los indocumentados, e impulsar mecanismos alternativos a la detención porque, dijo Canton, (las estaciones migratorias) tienen ciertos perfiles de lo que son las cárceles, especialmente por la denuncia de que existen celdas de castigo. Es decir, las instalaciones y el trato a los internos no se corresponden con la naturaleza administrativa de detención de migrantes.

En la lista de 13 recomendaciones preliminares, Felipe González pide al Estado mexicano garantizar de manera inmediata la vida y la seguridad de los migrantes mediante acciones concretas, como centros de atención, con el apoyo de grupos civiles.

Además, facilitar medios de transporte seguros y adecuar los existentes para que cumplan condiciones mínimas de seguridad, así como garantizar la seguridad en todas las terminales de autobuses.

En los puntos 5 y 6, la CIDH propone que en el reglamento se incluya la detención sólo como medida de excepción, no como regla, y otorgar documentos que faciliten el traslado de los migrantes.

De igual forma, establecer protocolos, también en consulta con la sociedad civil, relacionados con el manejo y la identificación de cadáveres, y capacitar a funcionarios de los tres niveles de gobierno para la prevención e investigación de estos delitos.