istosas maniobras militares en el patio de operaciones llamado San Lázaro. Para empezar, conscriptos trianuales presentaron armas de fantasía en una comisión clave, la de Gobernación, al conseguir, por disciplinada mayoría de votos, una peculiar aprobación en lo general de modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional aunque manteniendo bajo reserva, para su discusión y votación, los artículos de esa misma reforma, uno por uno, en un vistoso juego de pirotecnia procesal que pretende dosificar la molestia popular que podrían generar esas novedades normativas, pues buscan dar marco legal al autoritarismo actuante desde 2006 e incluso abrirle más anchas avenidas de represión a movimientos y protestas sociales y a la declaratoria formal de estados calderónicos de excepción.

Atole procesal con el dedo del presunto debate a fondo del articulado integralmente impugnado, pues a fin de cuentas ya se tiene el acuerdo de los votantes que hacen mayoría: el panismo cuyo comandante en jefe de inmediato celebró los primeros resultados; el peñanietismo que pasados los comicios mexiquenses ya puede empujar los escenarios de guerra que cree le tocará administrar a partir de 2012, y el chuchismo-perredismo siempre redituablemente colaborador. La única oposición expresa ha sido la del PT, cuya bancada tiene como principales expositores a personajes identificados con el lopezobradorismo. Por lo pronto, se tomarán en cuenta las observaciones y sugerencias de la sociedad civil, en particular del movimiento dirigido por Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza, y falta afinar puntos controvertidos con el beltronismo senatorial, además de que el PRI podría a última hora echarse atrás en el pleno y dejar esos acuerdos en la congeladora si el calderonismo no cede todo lo que la gerencia tricolor demande.

En caso de que fueran autorizadas esas nuevas reglas, calderohólicos, peñanietistas y chuchos solidarios estarían en mejores condiciones de imponer, por ejemplo, resultados electorales que fueran definidos en las alturas de ese bipartidismo esencial (PAN y PRI). Con esta probable ley en la mano, Fox podría haberle hecho caso a Calderón y haber ordenado el desalojo del plantón de 2006 sin que ningún secretario de la Defensa Nacional preguntara por los fundamentos legales de tal acometida. Si avanzaran estas reformas, Calderón podría darles garantías jurídicas a los mandos militares de que sus eventuales excesos de fuerza y violaciones a los derechos humanos tendrían una mejor sombrilla protectora.

Aunque, a la vista de lo que sucede en la tierra presuntamente gobernada por Leonel Godoy, tal vez ni protestas electorales haya en el horizonte inmediato. El mensaje constante que se promueve desde Michoacán es claro: no hay más viabilidad electoral. No sólo es la imposición nepótica con sabor a Cocoa, que expresamente rompe cualquier idea de equidad y que coloca al bélico gobierno federal en una trinchera familiar frente al resto de los contendientes. Ni solamente ha de hablarse del proceso intencional de descomposición del escenario estatal (el michoacanazo, como ejemplo extremo de uso, impune, de lo institucional para proyectos grupales o familiares) o de la exploración abierta de posibilidades de virtual cancelación de los comicios para instaurar una candidatura de unidad decidida en las cúpulas de lo político y lo empresarial.

Hay algo más, que hoy se ve agudizado por el doloroso caso de los nueve encuestadores desaparecidos allá: el rompecabezas se va desarmando conforme a lo previsto. No se trata de ensamblarlo o de construir, sino de enrarecer, inhibir y deshabilitar la de por sí muy deteriorada opción electoral de 2012, en un paso natural que va del militarismo impuesto en 2006 como forma de control social hasta desembocar en la programada amenaza del narcotráfico que ¡sorpresa! podría impedir, como ya lo está haciendo, el ejercicio cívico venidero.

Nada embona, nada funciona, nada garantiza viabilidad electoral: la cúpula ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por ejemplo, es intencionalmente mantenida en la desintegración, con sólo seis de nueve consejeros, ofreciendo un flanco peligroso a las impugnaciones jurídicas que podrían deslegitimar todo el proceso en curso, además de que los propios consejeros actuales constituyen, con sus lamentables dichos y pésimas decisiones, una permanente incitación a la desobediencia cívica. El tribunal electoral federal tampoco ofrece credibilidad, convertido como está en tianguis donde las influencias partidistas empujan las decisiones jurídicas hacia el marchante más generoso o promisorio.

Así, cada día va tomando cuerpo la posibilidad de que el avispero desatado por Calderón en 2006 haga imposible la realización de comicios federales o que sus resultados sean condicionados o definidos por esos factores en armas. El secuestro en Michoacán de encuestadores pertenecientes a empresas privadas no es una excepción, aunque ha tenido más resonancia que anteriores secuestros de encuestadores pertenecientes a entidades públicas, como el Inegi. Habrá de verse lo que sucederá en las vísperas electorales si las amenazas del narco o, más bien dicho, de ciertos segmentos del narco, hacen desistir a funcionarios de mesas directivas de casillas y a representantes de candidatos y a estos mismos, y cuando los presuntos votantes prefieran la seguridad de sus casas al riesgo anunciado en las urnas. Si no hubiese sido intencional la creación de este peligro para México, algunos personajes con ánimo de mantenerse en el poder, haya de ser como haya de ser, podrían sentirse satisfechos de esta nueva ocasión en que la realidad supera a la ficción.

Y, mientras el Cordero de Los Pinos dice que dará el Fuá para ser Presidente (nótese cómo el tecleador elude con prudencia el hacer juegos de palabras o referencias al contexto húmedo del famoso grito original), ¡hasta mañana, con el Vicentillo denunciando que la DEA protege al capo bisexenal intocable, y con El Diego denunciando que policías estatales y municipales le protegían en Ciudad Juárez!

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