El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emplazó ayer al Gobierno del Distrito Federal para que en un plazo de 10 días realice los movimientos presupuestales necesarios a efecto de destinar alrededor de 500 millones de pesos al cumplimiento de sentencias de amparo.

Sin discusión, los ministros resolvieron requerir al director general de Política Presupuestal, en su carácter de autoridad directamente vinculada al cumplimiento de la sentencia, así como al subsecretario de Egresos y al secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, en su carácter de superiores jerárquicos de aquél, para cumplir con la resolución.

Además, las sentencias establecen el requerimiento expreso al director general de Servicios al Contribuyente y a los administradores tributarios correspondientes, en su calidad de autoridades directamente vinculadas al cumplimiento del fallo, así como al subtesorero y tesorero del Gobierno del Distrito Federal, en su carácter de superiores jerárquicos de aquéllos, para que garanticen el cumplimiento de la resolución.

Según la decisión, el primer bloque de funcionarios tiene 10 días hábiles para hacer las modificaciones correspondientes al presupuesto y el segundo bloque de servidores públicos cuenta con 10 días posteriores a la fecha en que la partida presupuestal reciba los recursos requeridos, para hacer el pago correspondiente a los 71 quejosos.

La mayoría de los asuntos resueltos ayer tienen que ver con artículos del Código Financiero del Distrito Federal que fueron declarados inconstitucionales por la propia Suprema Corte en años anteriores y la autoridad capitalina no había pagado, con el argumento de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) no había asignado los recursos presupuestales suficientes para cumplir con las sentencias.

En marzo pasado, el pleno determinó que la falta de presupuesto no era pretexto para que el gobierno de Marcelo Ebrard incumpliera con las sentencias, y ayer estableció la obligación de los funcionarios involucrados de hacer las modificaciones presupuestales, en primera instancia, y entregar los recursos, 15 días después.

De lo contrario, tanto los funcionarios directamente involucrados como sus superiores jerárquicos pueden ser destituidos de sus cargos y consignados ante un juez.

El amparo número 324/2011 promovido por Patricio Sanz 234, SA de CV, es uno de los que involucran la devolución más grande de impuestos, con 313 millones 547 mil pesos.

Otros beneficiarios de la decisión son los Hoteles Sheraton, Inmobiliaria Radio Centro, Inmobiliaria Saach-Bee, Inmobiliaria Jayma, Hotelera Granada, Banca Mifel y Tiendas Chedraui, entre otras empresas, además de diversas personas morales.