Chilpancingo, Gro., 1º de agosto. El secretario de Seguridad Pública y Protección Civil estatal, Ramón Almonte Borja, informó que después de una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la administración de Guerrero acordó con la Federación cumplir las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para brindar medidas cautelares a defensores de los derechos humanos en la entidad.

En entrevista, Almonte Borja dio a conocer que dicho acuerdo se logró el domingo en una reunión de trabajo efectuada en esta capital, en la que participaron la subsecretaria de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del estado, Martha Elba Garzón Bernal, y la responsable de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Omeheira López Reyna.

Dijo que aunque se están cumpliendo las disposiciones de la CIDH, en la reunión de ayer abordamos las medidas cautelares para la familia del extinto campesino Javier Torres Cruz y su familia, que vive en la comunidad La Morena, municipio de Petatlán, así como para los activistas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Agregó que también se acordó convocar a los beneficiarios de las medidas cautelares, para revisar no solamente su cumplimiento, sino para analizar si las causas que las motivaron subsisten. Yo espero que ya no existan.

Almonte Borja señaló que el gobernador Ángel Aguirre Rivero ordenó cumplir a cabalidad con las medidas cautelares. La policía ha estado haciendo rondines en los lugares indicados, aseguró.

Asimismo, pidió a Tlachinollan que se permita construir una caseta de vigilancia en el municipio de Ayutla de los Libres, a fin de que los agentes puedan proteger a esa organización.