El gobierno federal reconoció la existencia de por lo menos 184 casos de desapariciones forzadas y, aunque no aceptó la propuesta de crear una fiscalía especializada, se comprometió a analizar opciones para establecer en breve un mecanismo particular de investigación.

Durante una reunión con más de 160 personas, en su mayoría procedentes de Coahuila, funcionarios federales negaron que todos los casos mencionados sean atraídos por la Procuraduría General de la República (PGR); de igual forma, hicieron referencia a los 184 expedientes más presentados ayer, lo que se contrapone a la alerta de los familiares que hablan de miles de casos en todo el país. Al menos ayer se presentaron relatorías de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Morelos y Oaxaca, entre otros.

Aseguraron que muchos de ellos son desapariciones forzadas, mientras que los servidores públicos reiteran que la gran mayoría son casos atribuibles a la delincuencia organizada y no a una acción concertada del Estado, aunque en el caso de abusos –señalaron– se tiene que indagar.

Relatos de angustia y terror

El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Gobernación (SG), Francisco Blake, y la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Patricia Bugarín, así como por el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SG, Felipe Zamora, quienes debieron escuchar el sentir de los familiares y representantes de organizaciones civiles al relatar situaciones de angustia y terror que han vivido, algunos desde hace varios años.

Los denunciantes de estos casos que siguen en la impunidad tienen otra versión acerca de la seguridad y procuración de justicia; hay expedientes que hablan de levantones perpetrados por presuntos policías para entregar a las personas a grupos criminales, tal como la historia relacionada con integrantes de una familia que el 6 de diciembre de 2010 salieron de cacería y, de regreso, los policías del municipio Joaquín Amaro, en Zacatecas, los interceptaron y los entregaron a un grupo armado. De ahí no supimos nada más de ellos.

Otros relataron casos ocurridos en 2008 o 2009, como la desaparición de Jesús Manuel Rivera, el 9 de diciembre pasado, en Monclova, cuando mi hijo tenía, tiene, 41 años, expresa la madre, apoyada por un bastón, al término de la reunión con funcionarios.

La petición central es que las autoridades busquen a sus familiares de inmediato; que se elaboren protocolos de investigación y no se conciba la búsqueda sólo como un rastreo en fosas clandestinas. Advirtieron que, por el número de desaparecidos, se trata de una emergencia nacional.

En la mesa que compartieron funcionarios con representantes de organizaciones civiles estuvo también el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera.

Aunque la reunión fue privada, algunos de los asistentes difundieron en Twitter fotografías en las que se reproduce cuando cada uno de quienes ocuparon un asiento del auditorio Jesús Reyes Heroles se levantaron para mostrar las fotografías de sus familiares. Afuera del Palacio de Covián se colocaron mantas con la leyenda Vivos se los llevaron, vivos los queremos.

También se divulgaron algunas frases, en especial cuando el secretario Blake admitió las cadenas de corrupción y omisiones que han derivado en la situación actual. De igual forma refirió que la oscuridad, la opacidad no es el sistema de justicia que reclaman los mexicanos, por lo que se requiere armar una estrategia de trabajo para avanzar en la indagatoria de cada expediente.

La madre de un desaparecido dijo frente a Blake: Basta de discursos y planteamientos. Lo que queremos son respuestas. Jamás nos van a entender hasta que les pase lo mismo.

Otro, identificado como Jorge V., expresó: Estamos aquí sentados no porque los queramos saludar y conocer, sino porque cargamos una historia de dolor. Ya no confiamos en ustedes.

Las consecuencias: casi 50 mil muertos y aproximadamente 20 mil desaparecidos. Saldo por el que esta administración tiene que responder.

Tras la reunión, los familiares lamentaron que no se haya aceptado la creación de la subprocuraduría, lo que el subsecretario Zamora refutó con el argumento de que no han emitido una negativa y que se trata de buscar el mecanismo adecuado para la atención de esta problemática

El combate a la delincuencia es irracional, lleno de violaciones a la Constitución, expresa a Blake

Fabiola Martínez

Frente al secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, advirtió que la guerra emprendida contra la delincuencia es irracional, equivocada, llena de violaciones a la Constitución y a los derechos humanos”; además, ha negado a toda costa la procuración de justicia.

Es una guerra –subrayó el obispo– que a quien menos ha dañado es a las mafias criminales, que siguen creciendo en poderío, riqueza e impunidad.

Guerra que no toca para nada a quienes los cobijan, protegen y ayudan desde la función pública, podrida hasta las entrañas por los criminales.

Sangre, dinero y más de 50 mil víctimas

Es una guerra –agregó– que no persigue ni aprehende a quienes siguen haciendo negocios y amasando riquezas, lavando la sangre del dinero que ganan con sus ya múltiples y diversas modalidades de crímenes que han costado la vida a más de 50 mil mexicanos y mexicanas.

El obispo acudió ayer a la Secretaría de Gobernación junto con diversas organizaciones civiles de reciente creación, construidas al paso y a fuerza de la desgracia de decenas de familias que tienen a uno o varios de sus integrantes en calidad de desaparecidos.

Al frente del salón Jesús Reyes Heroles de la dependencia fue instalada una mesa ocupada por el responsable de la política interna, Francisco Blake, flanqueado por la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), Patricia Bugarín, y el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Felipe Zamora.

A todos ellos les dijo que la estructura política del país se deshace ante los ojos de ustedes y la desvertebración de México está a la luz del día. La ciudadanía no atendida significa quitarle el piso al país.

Al lado estaban algunos representantes de la sociedad civil, incluido el obispo Vera, quien de manera permanente ha sostenido una posición crítica no sólo a las estrategias gubernamentales sino en contra del trato que han dado funcionarios a quienes exigen ser escuchados.

Vera López ha estado cerca de campesinos, indígenas, trabajadores (destaca su participación, por ejemplo, en la organización Familia Pasta de Conchos, que exige el rescate de los cuerpos de 63 mineros sepultados por la explosión de ese socavón hace más de cinco años), y ahora acompaña a familiares de desaparecidos, la mayoría procedentes de Coahuila, así como de una decena de entidades más.

El común denominador de los casos que presentaron a los funcionarios federales es corrupción e impunidad, así como la dilación de procesos y el interminable ir y venir en ventanillas gubernamentales para contar y luego repetir una y otra vez la historia de la última vez que vieron o escucharon a sus seres queridos.

Acompañado por hijos, padres, abuelos, nietos, hermanos o amigos de desaparecidos, el obispo advirtió que la estrategia equivocada para enfrentar a la delincuencia, por medio de una guerra, a través de un método que no ha querido variarse, tiene ya consecuencias bastante graves.

Por ello pidió a Blake y los demás servidores públicos presentes que atiendan a quienes claman una acción expedita y eficiente de procuración de justicia. Ante ustedes están personas que tienen derechos reconocidos por la Constitución; no vienen a pedir favores; vienen a exigir respuestas de parte de quienes, por el nivel de autoridad que ostentan, deben atender sus demandas, pues estamos dialogando con los máximos órganos de la vida política del país, señaló el obispo.

Subrayó que estas personas tienen derecho a la seguridad, a la información, a la verdad porque viven en un país democrático y no tienen por qué seguir padeciendo, ni ellas ni sus demás familiares, las consecuencias de una guerra irracional, llena de violencia.

Dentro de esa dinámica de violencia y muerte no atendida por ustedes –expresó ante Blake– han quedado atrapadas las víctimas de desapariciones forzadas, una de las aristas de la onda criminal que azota al país, de entre las cuales una minúscula parte está hoy frente a ustedes.

Señaló que las instituciones políticas existen y se justifican solamente para el bienestar, la justicia y el derecho para los mexicanos, de ahí que la negación a la procuración de justicia para privilegiar una estrategia de guerra está comprometiendo a México, además de su vida política interna, también está afectando nuestra posición internacional.