n 1968 el artista estadunidense Andy Warhol dijo que en un futuro todo el mundo podrá tener 15 minutos de fama. El artista no se refería necesariamente a que todos fueran a realizar acciones dignas de reconocimiento, sino al avance en los medios de comunicación y su mediatización de diversas expresiones como el arte.

Probablemente algunas lectoras y lectores se encontrarán de acuerdo con la frase, y hasta les parezca atractiva. Sin embargo, ¿qué tan atractivo sería si durante esos 15 minutos los medios electrónicos e impresos señalaran a alguno de ellos como culpable de un crimen que no cometió? ¿Qué pensaría si esa imputación se realizara sin que ni siquiera le hayan mencionado que es parte de una investigación? ¿Qué tan gloriosos serían esos 15 minutos si es señalado como responsable frente a su familia, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, de un crimen que no realizó? ¿Qué tal si le agregamos que ni siquiera ha sido juzgado?

Esta triste realidad es algo que vivimos en nuestro país todos los días. Somos testigos de un fenómeno bastante peculiar, que podemos denominar la procuración mediática de justicia. El alcance de los medios nos ha llevado a un fenómeno que de unos años a la fecha se ha vuelto una expresión cotidiana de violaciones a los derechos humanos. Me refiero a la exposición en medios de gente que es señalada ante la sociedad por las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia como culpable de crímenes que por su naturaleza generan un reclamo social. Nadie puede dudar que en la actualidad existe un serio problema de inseguridad en el país, y que la violencia y sus efectos provocan que la sociedad exija que las autoridades cumplan con su función, y sancionen a los culpables. Ante esto, día con día ellas pretenden legitimar sus acciones anunciando con bombo y platillo la aprehensión de gente señalada como presunta responsable de delitos investigados. Para ello convocan a un escandaloso espectáculo, en el que exhiben ante las cámaras a gente que ha sido aprehendida, porque de alguna u otra forma la han visto relacionada con la investigación. Lamentablemente, muchas de estas personas no siempre tienen que ver con el delito. Un ejemplo de ello es el reciente caso de la estudiante Mariel Solís, a quien se le acusó de ser cómplice del homicidio de un catedrático de la UNAM. Basados en las vagas declaraciones de un detenido, acusado ya anteriormente como homicida, y en grabaciones de una cámara de vigilancia de un cajero automático, en las que aparece una mujer cuyos rasgos no coinciden con los de ella, la Procuraduría General de Justicia capitalina la privó de la libertad. Y aunque fue detenida además arbitrariamente con violencia, y presentada luego a rendir testimonio en calidad de testigo, se le cambió también posteriormente su situación jurídica a la de presunta responsable, anunciándose públicamente su detención. Ante la presión social, afortunadamente la PGJDF reconoció que los indicios no eran suficientes para sustentar la acusación, y se decidió no ejercer mayor acción en su contra. Fue así como felizmente este caso paradigmático terminó con la puesta en libertad de la persona, pero ello no significa por supuesto que aquí no pasó nada, pues existe una serie de derechos que ya fueron vulnerados, como el derecho a la honra y a la dignidad, a la libertad personal, a la integridad y presunción de inocencia, y al debido proceso.

Y podemos también asegurar que esta situación es la excepción que confirma la regla, pues lamentablemente existen ejemplos que no se resuelven de la misma manera, en los que la persona detenida es presentada ante los medios vestida con un traje infamante, como autor del delito, cuando aún no había sido legalmente procesado ni condenado, como afirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Cantoral Benavides. En la sentencia de este caso, la CoIDH determinó que se violaron los derechos a la libertad, a la integridad personal, la seguridad jurídica, la legalidad y la protección judicial de una persona exhibida y acusada de terrorismo, que fue procesada y condenada con base en una investigación manipulada, con la complicidad del Poder Judicial. Tenemos también como ejemplo el caso de Florence Cassez, en el que de manera por demás vergonzosa el secretario de Seguridad Pública federal admitió que las imágenes que se transmitieron a escala nacional por un canal de televisión sobre el supuesto arresto de una banda de secuestradores, y el rescate de sus víctimas, fue una recreación. Lo que no se mencionó es que, sin que hubiera rendido siquiera una declaración, o sin que se mencionara que había sido detenida casi 24 horas antes en un lugar distinto al del supuesto rescate, a partir de ese momento ella fue tachada como secuestradora y condenada a priori por el imaginario colectivo. Lamentablemente, en este asunto no hubo autoridad que dijera públicamente nos equivocamos. Por el contrario, las pruebas del montaje fueron desechadas por el Poder Judicial, y ahora corresponde a la misma Suprema Corte de Justicia hacer una valoración adecuada del expediente.

Lamentablemente los ejemplos sobran. En estos días los juicios se hacen frente a las cámaras, y las autoridades no parecen comprender que la única forma de legitimar su trabajo, y de recuperar con ello la confianza de la sociedad, es mediante el respeto de los derechos, tanto de los probables responsables como de las víctimas, porque, y debemos tener eso muy en cuenta, la inseguridad no se reduce con estadísticas o inocentes en las cárceles. Ni sólo con medidas de violencia exhibidas como propaganda en los medios, con el objetivo de generar terror en la sociedad.