Un juez federal que desahoga el proceso contra Esiquio Martínez Hernández, el secretario del juzgado noveno de distrito, que enfrenta cargos por presunto enriquecimiento ilícito, citó a comparecer en calidad de testigos a un consejero de la Judicatura Federal, a una magistrada de circuito, a un juez de distrito y a un diputado del estado de Nuevo León, así como a varios empresarios y abogados, revelaron fuentes judiciales.

En total, el juez tercero de distrito en el Reclusorio Norte, Ricardo Delgado Quiroz, autorizó interrogar a 24 testigos aportados por los defensores del ex funcionario del Poder Judicial de la Federación (PJF) acusado de enriquecimiento ilícito, al detectarse en una de sus cuentas bancarias 400 millones de pesos .

Un abogado cercano al caso reveló a La Jornada que los fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR) abrieron una línea de investigación que incluye a otros funcionarios del PJF, entre ellos un juez de distrito, como presuntos cómplices de Martínez Hernández.

Esta hipótesis refiere que entre 2003 y 2009 el secretario de juzgado recibió depósitos bancarios de quien era su jefe, el juez Álvaro Tovilla León, y de otros abogados y empresarios que tenían intereses jurídicos en el juzgado en el cual laboraban.  

El pasado primero de julio, Marisela Morales, titular de la PGR, confirmó que esa dependencia tiene abierta una averiguación previa donde investiga los movimientos de dinero de Esiquio Martínez para determinar si están involucradas otras personas en el delito mencionado.

Está abierta la investigación; una vez que se ejercitó acción penal, se quedó un desglose para continuar la indagatoria por otros delitos y, de ser el caso, por otros probables responsables. Como hay movimientos de dinero, tiene que hacerse una pesquisa en detalle y para eso se queda abierto el desglose de la indagatoria, indicó Morales al término de la inauguración del Laboratorio Central de Servicios Periciales de la PGR.

El juez Delgado citó como testigos a Óscar Vázquez Marín, consejero de la Judicatura Federal, y Ramón Salas López, diputado de Nuevo León.

También se citó a funcionarios de la PGR, de la Secretaría de Hacienda y a empleados bancarios que recibieron los depósitos a las cuentas del secretario de juzgado. Los testigos deberán acudir al juzgado entre el 20 de julio y el 13 de septiembre de este año, según el calendario establecido por Delgado.

Entre los testigos están la magistrada Lilia Mónica López Benítez, secretaria ejecutiva de vigilancia, información y evaluación del CJF; y el director Jurídico de este órgano, Miguel Francisco González.

Vázquez Marín y López Benítez deberán comparecer sólo por escrito, por tratarse de altos funcionarios, según establece el Código Federal de Procedimientos Penales.

Martínez fue detenido el 27 de mayo pasado y encarcelado en el Reclusorio Norte, acusado de enriquecimiento ilícito. Datos del Servicio de Administración Tributaria revelaron que el inculpado tuvo de 2003 a 2010 ingresos legales por 5 millones 444 mil 814 pesos. Según las pesquisas de la PGR, Martínez recibió depósitos por 122 mil pesos del juez Tovilla; 96 mil pesos de la también secretaria Claudia Elena Arroyo Sotelo, y un total 914 mil pesos de los abogados Santiago Francisco Rosano, Germán Gustavo Maldonado, Alberto Campbell y Manuel Corona, de 2003 a 2009.