En el alcázar de Chapultepec, ante integrantes de las dos cámaras del Congreso, el sacerdote Miguel Concha exigió a los diputados, en nombre del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que dictaminen en sentido negativo la ley de seguridad nacional que aprobó el Senado, porque con ella se avanza en la militarización del país y en la violación de los derechos humanos, ya que se garantiza la seguridad del Estado, no la de los ciudadanos.

También presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el religioso dominico hizo un enérgico llamado al Congreso “a que sea congruente consigo mismo y se comprometa con la sociedad, con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, con el movimiento de derechos humanos, a construir una legislación que se fundamente en la seguridad humana y ciudadana.

Que sea compatible con los derechos humanos, con las libertades públicas y que sentemos las bases para terminar con la violencia que tanto está lastimando y haciendo sufrir a nuestro pueblo, y que juntos alcancemos la paz, subrayó.

Concha afirmó que son los ciudadanos, en todos los ámbitos de su desarrollo colectivo y nacional, los verdaderos sujetos de la seguridad. Y en este sentido las instituciones y el Estado cobran significado como garantes de la protección de la vida, la libertad, los derechos, el bienestar económico, la salud, la educación, el desarrollo cultural y social, la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos.

A su vez, el investigador Ernesto López Portillo propuso la creación de un auditor especial de las policías federales, con la finalidad de mejorar las plataformas de rendición de cuentas de esas instituciones.

La investigadora Elena Azaola propuso incluir a cinco ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de construir una agenda de seguridad con transparencia y rendición de cuentas, donde los ciudadanos podamos ser corresponsables del diseño y de las medidas de seguridad.

En su oportunidad, Emilio Álvarez Icaza demandó a senadores y diputados trabajar en conjunto para aprobar una ley general de atención integral a las víctimas, porque es inadmisible que después de ser víctimas de la delincuencia, el Estado tenga la incapacidad de responder; que tenga ineficiencia e incluso complicidad en algunos casos.

¿Qué hacemos con los miles de desaparecidos? ¿Qué hacemos con los huérfanos de la guerra? ¿Qué hacemos con los niños y niñas que han perdido un padre? ¿A dónde van a ir esos niños y niñas? ¿Qué vamos a hacer con esa juventud, cuando hay miles de rechazados?

Exigió además que se elabore un registro nacional de desaparecidos, impugnó lo que está pasando con los migrantes e insistió en la creación de una comisión de la verdad y la reconciliación o algo que se le asemeje.

Fabián Sánchez, de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, demandó que se legisle de manera adecuada en todo el país sobre la desaparición forzada de personas y que ese delito se tipifique como federal.

Explicó que aunque en 10 entidades ya se cuenta con legislaciones en esa materia, la única que más se apega a los estándares internacionales es la de Guerrero, por lo cual pidió tomarla como ejemplo.

También planteó la creación de un registro nacional de detenidos, en el que participen todas las instituciones “capaces de generar una detención: policías municipales, estatales y federal; el Instituto Nacional de Migración, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, y las procuradurías General de la República y de los estados.

En ese registro se debe indicar qué autoridad efectuó la detención, quién la ordenó y dónde se encuentra el detenido.

Los legisladores escucharon y tomaron nota de los testimonios de las víctimas: Julio César Márquez, padre del niño Julio César, quien falleció en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, ocurrido el 5 de junio de 2009, dijo que a más de dos años del siniestro, no ha llegado la justicia para los 49 padres que perdieron a sus hijos en ese accidente.

Exigió a los diputados la aprobación de la ley general de prestación de servicios para la atención, cuidado y aprendizaje, y desarrollo integral infantil, mejor conocida como ley 5 de junio, ya aprobada por el Senado.

Jesús Lara Chivarra señaló que hablaba en nombre de los indígenas y demandó que se respete Wirikuta como sitio sagrado, ya que es un área cultural protegida y está amenazada por la actividad que realizan empresas mineras.