Desde las 2:30 horas del jueves, unos 400 camiones de volteo, torton, rabones y góndolas tomaron 20 de Noviembre, Fray Servando Teresa de Mier y Doctor Río de la Loza –donde los transportistas protagonizaron un altercado con policías, que derivó en la detención de siete transportistas–, por la entrada en vigor de las modificaciones al Código Penal del Distrito Federal que sancionan con uno a nueve años de prisión y multas hasta de 299 mil 100 pesos a quien tire cascajo en lugares no autorizados.

Policías realizaron cortes viales y más de 100 granaderos fueron desplegados en el cruce de 20 de Noviembre e Izazaga, con el fin de impedir que el contingente llegara al Zócalo, pero la afectación del tránsito se extendió hacia calzada de Tlalpan, Anillo de Circunvalación, Paseo de la Reforma, Eje Central y las avenidas Juárez y Chapultepec, donde los automovilistas avanzaban a vuelta de rueda.

Algunos conductores trataron de ingresar al primer cuadro por calles paralelas, lo cual no fue posible por la colocación de monobloques y trafitambos, por lo que tuvieron que rodear la zona o bien dejar su vehículo en alguno de los estacionamientos públicos y continuar a pie, pues el bloqueo se prolongó más de 12 horas, hasta que las autoridades capitalinas aceptaron instalar mesas de trabajo con las secretarías de Medio Ambiente y Obras, así como la procuraduría capitalina.

En el encuentro con representantes y trabajadores del sector, el secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, garantizó que no se detendrá a nadie que traslade residuos materiales que sobrepasen el volumen permitido, pero si las personas son sorprendidas descargando cascajo en zonas prohibidas, como áreas naturales protegidas o camellones, serán remitidas ante las autoridades correspondientes.

No se busca modificar la reforma publicada el 27 de junio pasado, la cual entró en vigor anteayer, sino demostrar la disposición del gobierno para encontrar soluciones adecuadas al Código Fiscal y a la norma NADF-007-RNAT-2004, que especifica cómo manejar estos materiales, que sean compatibles con los intereses de la ciudad en términos ambientales, de seguridad y vialidad, precisó el subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa.

El fiscal especial para la Atención de Delitos contra el Medio Ambiente, Samuel Ibarra, precisó que en la parte penal, sólo cuando se tenga el marco jurídico perfectamente delimitado se aplicarán las sanciones previstas en el código.

Pagamos por trabajar

El subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rosales Gamboa, afirmó que los policías no tienen instrucción de detener a ningún vehículo por el traslado de cascajo, pero si son detenidos por el operativo Conago, con demostrar que tienen su documentación en regla podrán proseguir.

Los transportistas José Robles, Hugo Castañeda, Jorge Carbajal, Raúl Rodríguez y Humberto Aguilar denunciaron que la existencia de sólo dos depósitos: Jovaga y Yehualique, en Iztapalapa, ha provocado que el costo de descarga por metro cúbico ascienda a 70 u 800 pesos por camión, mientras ellos reciben un pago de 650 pesos.

Así que estamos pagando por trabajar, sin considerar el alza del diesel y las refacciones. Los 500 pesos semanales que damos a la policía ambiental por una clave para que no nos detengan, el riesgo de que nos roben la unidad y perdamos nuestro patrimonio, pues la mayoría no está asegurada, y ahora estas sanciones, nos colocan en una situación de sobrevivencia.

Tras llegar a un acuerdo con las autoridades capitalinas, los camioneros empezaron a desalojar los puntos bloqueados alrededor de las 15 horas.