La desigualdad presupuestaria que aqueja a las instituciones públicas de educación superior en el país ha traído graves consecuencias, como el incremento de las cuotas a sus alumnos y la paradoja de que los estudiantes más pobres acudan a las casas de estudio donde les cobran más, como es el caso de institutos o universidades tecnológicas, afirmó el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Romualdo López Zárate.

El experto en financiamiento de la educación superior indicó que el esquema actual de distribución del presupuesto a dichas instituciones data de los años 70 del siglo pasado y no se ha modificado. La proporción en promedio es la siguiente: 65 por ciento de los recursos provienen del gobierno federal y 35 por ciento de los gobiernos locales. Las únicas modificaciones corresponden a las bolsas que provienen de programas extraordinarios.

Ante ello, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ha empujado un modelo de distribución para canalizar recursos adicionales a casas de estudio en mayor desventaja sin afectar a las que no están en esa condición. Sin embargo, el gobierno federal optó por el establecimiento de programas extraordinarios.

Los efectos de la distribución inequitativa de recursos –una de las problemáticas que ha puesto sobre la mesa la Universidad de Guadalajara al indicar que recibe el apoyo más bajo de 12 mil 820 pesos anuales por alumno contra 25 mil 380 pesos en promedio– han sido, entre otros, la poca disponibilidad para contratar profesores de tiempo completo. Además, los gastos de infraestructura y de operación están constreñidos a tal grado que la totalidad de las universidades públicas estatales se han visto obligadas a subir las cuotas. Las únicas instituciones que no lo han hecho son la Universidad Nacional Autónoma de México y la UAM.

Por otro lado, las instituciones educativas con estudiantes de más bajos recursos tienen las cuotas más altas, como son las universidades y los institutos tecnológicos. De tal modo que el modelo de la ANUIES será efectivo siempre y cuando se le inyecten recursos, porque esto permitiría reducir a largo plazo las desigualdades.

Sergio Martínez Romo, profesor investigador de la UAM, consideró que el actual esquema presupuestario ha tenido tanto efectos negativos como positivos. Entre estos últimos indicó que se ha generado una competencia y esfuerzos de innovación en los modelos de gestión. Tener un modelo que asigne recursos iguales con ciertos indicadores inhibe la innovación. No es un problema de justicia, sino de eficiencia económica presupuestal, explicó.

Agregó que hay un déficit en el desarrollo de una cultura de administración eficaz de los recursos. Y opinó que en las recientes dos décadas ha mejorado el diseño de modelos más eficientes de asignación presupuestal, pero en cuanto a una administración más competente los avances han sido lentos.