San Cristóbal de Las Casas, Chis., 27 de julio. La Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, reunida en la comunidad El Naranjo, municipio de Palenque, demandó al gobierno respeto a los derechos humanos y se pronunció por la justicia verdadera y contra la persecución política, la represión y la criminalización de los movimientos sociales, así como la cancelación de la amenaza jurídica y de los procesos injustos en contra de los luchadores sociales y los defensores comunitarios.

Delegados de los estados limítrofes de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Campeche dedicaron dos días a reflexionar que vivimos a diario la guerra contra los pueblos de México, donde los intereses económicos trasnacionales compran silencio e impunidad, injusticia y despojo. Añadieron: Sabemos que no sólo son las tarifas de la luz, todo nos lo quieren vender al precio más caro, y las oportunidades de una vida digna nos son negadas, cuando son nuestros recursos los que nos roban.

Vemos y sufrimos con alarma, pero también enojo e impotencia, cómo nos reprimen y sujetan a procesos judiciales sólo por alzar la voz; cómo pretenden quitarnos fuerza y voluntad sujetos a una justicia que nos niega los más elementales derechos humanos y criminaliza nuestras luchas.

La organización se sumó a la Campaña nacional e internacional contra el hostigamiento judicial y la criminalización a defensores de derechos humanos y luchadores sociales en México, iniciada por el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, en respaldo al Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, y en especial su director Nataniel Hernández Núñez y su familia, sujetos a una persecución política por caminar junto a los pueblos de la costa en sus trabajos y lucha por una vida mejor.

Hernández Núñez enfrenta el acoso del aparato judicial mexicano y chiapaneco, que se le han fabricado cinco procesos que reflejan la intención del mal gobierno de acabar con su trabajo de defensor.

La red exigió la cancelación de estos procesos y los que se siguen contra los campesinos tojolabales Domingo García Velazco, Rodolfo García Pérez, Alberto García Pérez y Romeo García Pérez, quienes dejaron de firmar por acuerdo y respaldo de las organizaciones en resistencia en los juzgados donde son procesados, por ser inocentes de los delitos prefabricados de que se les acusa y por no creer en la justicia de los poderosos, hecha para reprimir a los pueblos en lucha y los defensores de derechos humanos.

Del mismo modo, exigió suspender las órdenes de aprehensión, averiguaciones previas y procesos penales contra miembros de la red en Campeche (Sara López González, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas), Veracruz (Verónica Munier Jolain, Adán Canseco, Evelio Mérida Hernández, Raúl Cisneros Reyes, Nicéforo Pérez y Fernando Sánchez), Chiapas (Guadalupe Núñez Salazar y Bersaín Hernández Zavala) y Oaxaca (Filiberto Vicente Aquino).

Demandó, por último, la liberación de todos los presos políticos en el país y la cancelación de procesos penales contra quienes participan en movimientos sociales.