El gobierno mexicano se encuentra obligado a indagar el grado de responsabilidad de funcionarios mexicanos vinculados al operativo armamentista conocido como Rápido y furioso, demandaron diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM). Mientras, del lado panista se exigió a la administración estadunidense probar la intervención de integrantes del gobierno mexicano en el tráfico ilegal de más de dos mil armas a territorio nacional.

Arturo Santana Alfaro (PRD) demandó fincar responsabilidades a funcionarios mexicanos, tras la revelación del gobierno estadunidense que contiene una consistente dosis de señalamientos contra la administración mexicana. “Es algo muy grave si llegase a comprobarse que el gobierno estaba enterado; en particular la PGR tendrá que fincar responsabilidad contra quienes resulten responsables y tendría que venir a comparecer a la brevedad la procuradora. Si señalaron a la PGR, y en ese entonces Marisela era la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), es evidente que la señora debió estar enterada de este operativo.”

Pablo Escudero Morales (PVEM), secretario de la Comisión de Defensa Nacional, atribuyó la responsabilidad del operativo al gobierno federal mexicano y por lo tanto, dijo, la PGR debería ser investigada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Urge en estos momentos que la procuradora comparezca en la Comisión de la Defensa, que nos aclare su participación, y debemos jurídicamente ver quién puede investigar a la PGR; yo me pronuncio para que sea la visitaduría general (de la CNDH), sostuvo.

El priísta Arturo Zamora Jiménez se sumó a la propuesta de Escudero: Yo fui de la opinión de que debía iniciarse una averiguación previa; el delito es muy claro, es tráfico de armas. Lo que hoy se revela permite señalar que la averiguación tendría que iniciarse en el área de visitaduría, que es una especie de Ministerio Público más autónomo, en busca de transparencia, claridad y equidad, dijo.

La visión contraria la expuso el panista José Luis Ovando, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, quien la emprendió contra el gobierno de Estados Unidos porque no asume su responsabilidad en el tráfico de armas y culpa sin presentar pruebas a funcionarios mexicanos.

De los dichos de ellos que involucran a funcionarios mexicanos, habría que encontrar las pruebas al respecto, porque es muy fácil acusar a otro gobierno en atención a salvar el pellejo; tendría que probarse antes y, si es así, sancionar a los funcionarios mexicanos.

Por separado, Edgardo Buscaglia, experto en temas de seguridad y violencia, aseguró que no es creíble que las autoridades mexicanas desconocieran sobre Rápido y furioso, luego que el secretario técnico del gabinete de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, señaló que no sabían del envío de armas a través de este operativo planificado desde Estados Unidos.

Quizá no lo conocía el presidente (Felipe Calderón), y eso es una especulación, pero las autoridades estadunidenses no operan en suelo mexicano sin que alguien, ya sea en el Ejército o en el Poder Ejecutivo o en el Judicial, conozca de esto, manifestó en entrevista, en el contexto de un foro de rechazo a la reforma a la ley de seguridad nacional organizado por la secretaria general del PRD, Dolores Padierna.