En vísperas de la reunión con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dio entrada a la propuesta del perredista Pablo Gómez para que el Senado pida al ombudsman nacional, Raúl Plascencia, que se realice una investigación sobre las personas fallecidas, lesionadas o víctimas de violaciones a los derechos humanos como consecuencia de la estrategia gubernamental de combate al crimen organizado.

Esta es la forma jurídica de llevar a cabo, dentro del actual marco constitucional, recientemente modificado en materia de derechos humanos, la petición que el movimiento que encabeza Javier Sicilia está planteando en torno a la integración de una comisión de la verdad, comentó el senador Gómez Alvarez.

Dijo que la respuesta del Congreso a Sicilia es pedir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que realice la investigación sobre los miles de muertos o de quienes han sufrido detrimento en su integridad física, sin pertenecer a grupos delincuenciales, en el contexto de la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado.

Explicó que ayer la Comisión Permanente turnó su propuesta al Senado porque, de acuerdo con la reciente reforma constitucional, la petición a la CNDH para que investigue violaciones graves de esos derechos la tiene que formular alguna de las cámaras del Congreso.

El presidente de la CNDH está obligado, una vez concluidas las investigaciones, a llevar a cabo las acciones legales que deriven de ello ante las autoridades competentes, para hacer valer los derechos de las víctimas. Ya no es sólo una opinión, como lo era antes, cuando la facultad estaba en manos de la Suprema Corte.

En el punto de acuerdo que la Comisión Permanente turnó ayer al Senado se advierte que aunque la procuradora general de la República, Marisela Morales, respondió al Congreso que no hay base jurídica para concluir que existen víctimas, daños materiales y pérdidas económicas por la estrategia de seguridad pública de 2006 a 2011, la realidad es otra.

“La suma de civiles muertos o dañados en su integridad física va en aumento. Las causas son variadas: estaban en el lugar y hora equivocados; protestaban contra la violencia, tanto de la delincuencia como de las fuerzas del orden, como fue el caso de la activista Marisela Escobedo, en Chihuahua; eran migrantes viajando en grupo, como los 72 asesinados en San Fernando en 2010 y los 193 de 2011; eran blanco de la delincuencia, como los 11 empresarios asesinados en 2010 y ocho en lo que va de este año; eran jóvenes y estudiantes, como los muertos en el Tec de Monterrey o en fiestas de Ciudad Juárez, o eran periodistas, como los 60 asesinados en el actual sexenio”.

El costo que está pagando en vidas y daños personales la sociedad mexicana por la fallida estrategia de seguridad pública es demasiado alto, y bajo ninguna circunstancia puede ser considerado como un daño colateral, es decir, necesario.

Se trata, sin duda, de violaciones graves a derechos humanos, que deben ser investigadas por la CNDH, resaltó Gómez.

Sobre el encuentro de la Comisión Permanente con el movimiento que encabeza el poeta Javier Sicilia, el vicepresidente de ese órgano del Congreso, el senador priísta Francisco Arroyo Vieyra, afirmó que los legisladores van con humildad al castillo de Chapultepec.

Esperamos un diálogo respetuoso, sin estridencias, en el que nosotros acudiremos con buena fe a escuchar a una parte muy importante de la sociedad civil, que ha acaudillado a víctimas de esta guerra que tiene ya 45 mil muertos, el mismo número de los fallecidos en la guerra guatemalteca.