La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentará en los próximos días su propuesta de política de Estado en materia de seguridad y democracia, la cual contempla establecer un salario mínimo de 10 mil pesos a todos los policías del país, así como el derecho a que sean reinstalados en sus puestos cuando hayan sido separados de su corporación de manera injustificada.

Ernesto López Portillo Vargas, consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y uno de los integrantes de la comisión técnica designada por el rector de la máxima casa de estudios, José Narro Robles, para la realización del documento, señaló que son poco más de 50 propuestas dirigidas a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los gobiernos estatales y municipales, respecto de temas como delincuencia organizada, situación de la policía y reforma penal, entre otros.

Se trata, dijo, de generar un reequilibrio en el combate al crimen organizado, que en la actualidad se sobrecarga en la inversión del Estado en la represión y subvalora la inversión en la prevención, con el fin de construir una estrategia innovadora en esta materia.

Es un documento propositivo; no es que intente negar los esfuerzos que se han hecho, sino busca avanzar hacia una política de Estado sustentada socialmente de manera amplia, explicó el también director del Instituto para la Seguridad y la Democracia.

En entrevista, López Portillo Vargas adelantó que algunas de las premisas de la propuesta que será presentada el próximo 8 de agosto tienen que ver con la situación laboral de los efectivos policiacos, quienes en promedio tienen salarios de 4 mil pesos mensuales y en muchos casos de 2 mil 500 pesos, y que al ser despedidos no pueden ser reinstalados en su puesto, aún cuando demuestren que el cese fue injustificado.

A principios de este año, el rector de la UNAM encargó a los especialistas Ernesto López Portillo, Sergio García Ramírez, Jorge Carpizo McGregor, Luis de la Barreda, Gustavo Silva, así como al abogado general de la universidad, Luis Raúl González, elaborar la propuesta.

Se diseñó una agenda de 18 temas y se recogieron las opiniones de diversos especialistas de país, así como la de los 80 expertos de nueve países que participaron en la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Democracia, realizada en la ciudad de México en junio pasado.

La instrucción del rector José Narro, explicó el consejero de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, fue recoger las más avanzadas perspectivas democráticas en materia de seguridad y justicia, lo que implica trascender la visión de la policía y militar, para analizar las causas profundas del delito y a violencia.

Así, el documento, que se encuentra en su etapa final, incluye temas como delincuencia organizada, reforma penal, adicciones, uso legítimo de la fuerza, violencia de género y a grupos vulnerables, como niños y migrantes, y se espera que tenga amplia aceptación entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad, expresó López Portillo Vargas.