l anunciar una Estrategia para combatir al crimen organizado transnacional, ayer en Washington, el gobierno que preside Barack Obama reiteró viejas consideraciones, como que los grupos delictivos internacionales amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos en la medida que pueden convertirse en vectores para la penetración de organizaciones terroristas en territorio del país vecino, y reconoció que el negocio de producir, transportar y comercializar drogas ilícitas ha expandido sus actividades al tráfico de personas, armas y dinero, el secuestro y la extorsión.

En un acto al que asistieron los principales encargados de seguridad del gobierno –entre ellos la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano; el fiscal general, Eric Holder; el zar antidrogas, Gil Kerlikowske, y el director de Inteligencia Nacional, James Clapper–, la Casa Blanca anunció, además, un paquete jurídico para hacer frente al accionar de las mafias, particularmente las que operan en México, Rusia, Italia y Japón, consistente en la aplicación de sanciones económicas contra personas de quienes se sospeche vinculación con grupos delictivos como Los Zetas, la Yakuza japonesa y la Camorra napolitana. Asimismo, se anunció la prohibición de ingresar a territorio de Estados Unidos a tales individuos, un nuevo plan de recompensas para facilitar la captura de cabecillas de grupos criminales, así como un grupo de coordinación de acciones entre las diferentes corporaciones policiales y agencias de seguridad. La Casa Blanca no se preocupó por disimular la presión injerencista contenida en la carta firmada por Obama en la que se anuncia esta serie de medidas: Instamos a nuestros socios y aliados a secundar este compromiso y unirnos para construir un nuevo marco de trabajo para la cooperación internacional en la protección de todos nuestros ciudadanos, reza el documento.

El anuncio no basta para despejar la inverosimilitud del compromiso de Washington en el combate a las drogas, compromiso que ha sido desmentido, en los hechos, por episodios como el operativo Rápido y furioso, por medio del cual la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) promovió el abasto de fusiles de asalto a los cárteles mexicanos, o por declaraciones como la formulada en mayo pasado por un funcionario policial de El Paso, Texas, en el sentido de que algunos narcos mexicanos viven en el lado estadunidense de la frontera sin ser molestados, y cruzan regularmente la línea limítrofe para realizar sus negocios (La Jornada, 4/5/11).

Otro dato al respecto es la permisividad para el lavado de dinero ilícito procedente del tráfico de estupefacientes. Instituciones financieras como Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, American Express y Western Union han incurrido en tal práctica sin que ninguno de sus funcionarios haya sido encarcelado, y sin haber sido castigadas sino con multas mínimas (La Jornada, 30/6/10). El caso más grave es el del Banco Wachovia, fusionado con Wells Fargo, que entre 2004 y 2007 incurrió en transacciones irregulares, por medio de casas de cambio, por cerca de 380 mil millones de dólares, y que fue multado, al descubrirse el hecho, con una suma equivalente a 2 por ciento de sus utilidades.

Un hecho más, revelador del doble discurso de Washington en materia de drogas, es la pasividad de sus autoridades ante el accionar de las redes de distribución, transporte y comercialización de estupefacientes, las cuales operan, en territorio estadunidense, sin mayores obstáculos.

Con todo, la mayor inconsistencia de la política de Estados Unidos en materia de enervantes es que, a pesar de los alegatos oficiales contra el narcotráfico, cada año cientos de toneladas de cocaína –por mencionar sólo esa sustancia– son transportadas, rumbo al norte, a través de la frontera con México, que es, según las propias autoridades de Washington, la más vigilada del mundo: parece inconcebible que el vasto instrumental de cámaras infrarrojas, rayos láser, satélites, aviones no tripulados y patrullas de diversas corporaciones policiales sea incapaz de detener, o al menos de reducir drásticamente, el abasto regular de narcóticos al mercado estadunidense.

A la luz de estos hechos, el anuncio de la Estrategia para combatir al crimen organizado transnacional no aporta elementos suficientes para dar credibilidad al pretendido compromiso de Washington en el combate a la criminalidad organizada y al narcotráfico.