Los padres de familia del Colegio Alemán Alexander von Humboldt no sólo pagarán el próximo ciclo escolar la inscripción y mensualidad de sus hijos, que es bastante cara, sino más de 12 mil pesos por el servicio de transporte escolar obligatorio y una ilegal cuota ecológica, a fin de que sus hijos no sean dados de baja, dio a conocer el diputado Juan Carlos Zárraga.

En conferencia de prensa, en la que exhibió el aviso entregado a los estudiantes y el contrato que deben firmar los padres, exigió a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) verificar y sancionar al plantel, ubicado en avenida México 5501, colonia Huichapan (La Noria), en Xochimilco, porque no puede haber condicionamientos.

Una copia de los documentos proporcionados por los afectados será entregada también al secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, para que actúe en consecuencia, pues la medida va en perjuicio de alrededor de 900 alumnos cuya salida significaría retroceder académicamente, debido al sistema de enseñanza de lenguas que ahí tienen.

En las circulares emitidas por la escuela se condiciona la inscripción y reinscripción de los alumnos a la contratación del Programa de Transporte Escolar (Prote), pues ante la pregunta de ¿Qué ocurre si me niego a contratar el transporte escolar?, se responde: aquellos alumnos cuyos padres no quieran contratar el servicio de transporte generalizado, lamentablemente no podrán reinscribirse al ciclo escolar siguiente

En la SEP, comentó, existe un manual de operación para las escuelas del Distrito Federal, donde se señala que no puede haber condicionamiento a nada, lo cual evidentemente este colegio no acata, por lo que será dicha dependencia la que deba intervenir ante estas anomalías, pues no sólo es el cargarles el costo del transporte, sino también una cuota ecológica, que a todas luces es ilegal.

Mencionó que los colegios privados no son tierra de nadie, por lo que la Profeco y la Scretaría de Educación Pública deben investigar estas irregularidades a la brevedad y poner un alto, para no afectar la economía de los padres de familia y la educación de sus hijos.