En la ciudad de México, cinco de cada 100 internos en penales son mujeres. Son jóvenes de entre 18 y 30 años de edad, analfabetas o con primaria en 70 por ciento de los casos, que antes de verse involucradas en el tráfico de drogas o robos eran en su mayoría amas de casa, comerciantes o trabajadoras domésticas, pero las ineficiencias en la determinación de sentencias hacen que paguen condenas anticipadas por delitos no cometidos y se les impongan penas más severas que a los hombres por los mismos delitos.

Durante su participación en el foro Derechos humanos de las mujeres en reclusión, Beatriz Rojas Martínez, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dijo que es necesario que accedan a una impartición de justicia expedita que les garantice su derecho a vivir libres de violencia, para lo cual debe erradicarse el abuso sexual de que son objeto algunas de ellas en los centros de readaptación social.

Asimismo, acceder a servicios médicos de calidad y políticas públicas de reinserción social, las cuales no existen, pues este grupo de mujeres son víctimas de discriminación que se deriva de su condición de género y su situación de encierro, y el gobierno tiene la responsabilidad de investigar y castigar debidamente a las personas involucradas en casos de presunto tráfico sexual en los reclusorios, y sobre todo garantizar la seguridad de aquellas internas que se deciden a denunciar, afirmó.

En la actualidad, el número de internas asciende a mil 997, lo que significa 4.9 por ciento de la población total penitenciaria de la ciudad, que es de 40 mil 347. De ellas, 20 por ciento enfrenta cargos por delitos del fuero federal relacionados con tráfico de drogas, mientras 43.7 por ciento fueron detenidas por robo, 93 por secuestro y 8.1 por homicidio, detalló.

El ombudsman capitalino, Luis Armando González Placencia, afirmó que generalmente las mujeres ingresan a los centros de reclusión a causa de procesos de investigación deficientes, donde no se toma en cuenta como atenuante su vulnerabilidad estructural, pues fue tardío el diseño e implementación de mecanismos institucionales para que accedieran sin discriminación a una vida libre de violencia, pero tampoco se ha hecho lo suficiente para que las autoridades encargadas de impartir justicia se apropien de los contenidos de la legislación en la materia.

Así que las reclusas enfrentan distintas fases de violencia, entre ellas la historia de agresiones que viven, lo que detona una conducta violatoria de las normas, y el abandono de sus familiares y amigos cuando ingresan a los centros de reclusión, situación distinta a la que viven los hombres, precisó la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Atención a la Comunidad de la procuraduría capitalina, Zulma Campos Mata.

Por ello propuso que las mujeres sean tratadas de forma equitativa y justa en el periodo de detención, proceso, sentencia y encarcelamiento, prestando particular atención cuando estén embarazadas y cuidando a sus hijos menores.