Una delegación de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), iniciará este lunes una visita de nueve días a México, donde se entrevistará con funcionarios de la administración pública de los tres niveles, agrupaciones sociales y organismos internacionales con representación en el país.

El grupo, que llega a invitación del gobierno federal, estará encabezado por el relator especial en la materia, Felipe González; el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago A. Cantón, y Álvaro Botero, abogado especialista de la propia relatoría.

Esta es la segunda ocasión que un relator de migrantes de la CIDH visita México. La primera fue en 2002.

La Organización de Estados Americanos (OEA) informó que el objetivo de la visita es observar la situación de los derechos humanos de los migrantes en el país, donde el año pasado 72 indocumentados fueron asesinados en Tamaulipas y se han multiplicado los reportes de secuestro contra estas personas por el crimen organizado.

En la agenda de la delegación se prevén entrevistas con las oficinas de los altos comisionados de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones.

También visitará las ciudades de Oaxaca e Ixtepec, en el estado de Oaxaca; Echegaray, Tapachula y Ciudad Hidalgo, en Chiapas; Veracruz y Tierra Blanca, en Veracruz, y Reynosa y San Fernando, en Tamaulipas.

La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Informe detallado

Por su lado, la organización no gubernamental Sin Fronteras informó que en el encuentro que tendrá con los integrantes de la relatoría, presentará un informe detallado sobre la tendencia creciente de los secuestros de migrantes en las rutas de tránsito rumbo a Estados Unidos, la violencia contra las mujeres, la intercepción de los indocumentados como forma de prisión preventiva en la que no se reconocen ni garantizan las garantías judiciales y del debido proceso, la ausencia de mecanismos de detección de personas que requieren especial atención, incluyendo a solicitantes de asilo y víctimas de violencia familiar.