El vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), Manuel Pérez Cárdenas, habría cometido un fraude en perjuicio de dicha institución y de 75 mil beneficiarios de créditos hipotecarios, al permitir la sobrevaluación de un conjunto de inmuebles que ni siquiera estaban terminados, de acuerdo con una denuncia penal presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por José Humbertus Pérez Espinoza, presidente de la asociación civil Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna.

En la denuncia se menciona que por medio del llamado Programa Extraordinario de Créditos (PEC) y con el apoyo de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), se financiaron créditos de conjuntos habitacionales cuya venta o enajenación no estaba autorizada, y se realizaron contratos con avalúos apócrifos, lo que únicamente benefició a un grupo de intermediarios financieros a quienes, sin invertir recursos propios, les fueron concedidas las garantías en primer lugar.

La demanda se presentó el pasado 29 de marzo en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia de la PGR.

En dicho documento –del cual La Jornada tiene una copia–, el quejoso señaló que mediante el PEC, figura que también fue aprobada por el Issste, se otorgaron créditos a 75 mil trabajadores del Estado para que adquirieran viviendas en unidades habitacionales que no estaban totalmente construidas ni contaban con los permisos elementales para realizarse.

Una de las primeras irregularidades del asunto, detalló Pérez Espinoza en la exposición de hechos de su queja, es la utilización de materiales de construcción de mala calidad, que no fue detectada en los avalúos porque éstos se llevaron a cabo sin que la edificación de los inmuebles estuviera terminada, o simplemente no se realizaron, lo cual afecta a cerca de 3 mil familias de los conjuntos habitacionales Villa del Real Quinta Fase, secciones I y II, ubicadas en el municipio de Tecámac, estado de México.

La falsedad de los avalúos puede acreditarse, según el demandante, al revisar la fecha en que éstos supuestamente fueron realizados, ya que el grupo Hipotecaria Nacional dijo haberlos hecho el 13 de noviembre y 4 de diciembre de 2003, cuando la autorización del inicio de obras y la enajenación de 16 lotes para 303 viviendas se dio el 6 de diciembre de 2004, lo cual fue denunciado ante el órgano interno de control del Fovissste el 25 de enero de 2011.

Por su larga trayectoria en la construcción y otorgamiento de créditos, era imposible que (Fovissste) no se diera cuenta de la inexistencia de los inmuebles objetos de los contratos hipotecarios, así como de los avalúos en las fechas en que se firmaron los contratos de compra-venta y de garantía hipotecaria, destacó Pérez Espinoza.

De igual manera, señaló que la sociedad financiera de objeto limitado (Sofol) Operaciones Hipotecarias de México dijo haber verificado la ubicación y condiciones de los edificios habitacionales, en fechas en las que todavía ni siquiera se aprobaba la construcción de los mismos.

Así, diversos intermediarios de la venta simularon haber verificado la existencia de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, alumbrado público y otros servicios, mientras que el Fovissste se ocupó de no contratar los seguros de las viviendas, puesto que si lo hubiera hecho, se hubiera acreditado la sobrevaluación de éstas.

Al poner a nombre de las intermediarias financieras la garantía de hipoteca, Pérez Cárdenas cometió un primer quebranto contra las finanzas de la dependencia federal, y el segundo ocurriría cuando los trabajadores no puedan regresar el dinero de los créditos recibidos, especificó el quejoso.

Puntualizó que al sobrevaluar las viviendas, el PEC estaría contraviniendo el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso F de la Constitución Política mexicana, referente a la obligación del Estado de proveer crédito barato y suficiente a los trabajadores.

Antes de desempeñarse como vocal ejecutivo del Fovissste, cargo que le fue asignado por el presidente Felipe Calderón en 2007, Manuel Pérez Cárdenas fue diputado federal en la 59 Legislatura, y candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Nayarit en 2005. Además, ha ocupado una gran cantidad de puestos directivos en instituciones oficiales, entre ellas el Banco Nacional de Comercio Exterior.

Aunque las irregularidades en el Fovissste ya habían sido denunciadas con anterioridad, la Secretaría de la Función Pública solamente admitió mil 750 casos a revisión, 40 de los cuales tienen que ver con empleados de la PGR.