Buenos Aires, 23 de julio. El gobierno argentino recortó el poder de la fundación Madres de Plaza de Mayo en la gestión de fondos públicos en casi todas las provincias donde administraba la construcción de viviendas, en respuesta a la denuncia de un supuesto fraude al fisco ocurrida hace dos meses.

El ex apoderado de la organización, Sergio Schocklender, fue acusado de malversación de fondos públicos en un proceso judicial que todavía se ventila en tribunales y que arañó la imagen del gobierno nacional, unos días antes de las elecciones regionales de este año y de cara a los comicios presidenciales del 23 de octubre.

Sólo se puso en marcha un cambio de modalidad, que tiene que ver con responsabilidades, dijo el subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, titular de los fondos por el Ministerio de Planificación del gobierno federal.

El gobierno pretende introducir mayores controles en la gestión de fondos del programa Sueños Compartidos, de Madres de Plaza de Mayo, con ejecución de obras en siete provincias y en la capital. La organización acuñó prestigio por su lucha contra la dictadura y las desapariciones políticas.

El programa quedó en el ojo de la tormenta tras la denuncia judicial por fraude al fisco contra Schocklender, expulsado de la fundación de las madres cuando estalló el escándalo dos meses atrás.

Schocklender es investigado por presunto lavado de dinero, defraudación a la administración pública y asociación ilícita, informó a su vez la presidenta de la organización, Hebe de Bonafini, quien firmó los balances que son objeto de estudio en la justicia.

Activado en 2007, el programa de la fundación ha servido para la construcción de unas 5 mil viviendas, hospitales y escuelas. El gasto hasta ahora asciende a 765 millones de pesos (191 millones de dólares), sobre un presupuesto de mil 250 millones de pesos (312 millones de dólares).