Crear una comisión de la verdad –como sugirió el jueves Javier Sicilia– para resolver las violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra contra el narcotráfico es una demanda viable en la búsqueda de la reparación del daño, siempre y cuando tenga amplio margen de independencia frente al gobierno, afirmaron integrantes de grupos civiles.

Consideraron que debe tener una formación tan plural como sea posible y no estar integrada sólo por funcionarios públicos.

Silvano Cantú, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que el país necesita mecanismos que garanticen el conocimiento de la verdad histórica de determinados periodos de violencia generalizada, para avanzar hacia la justicia verdadera y la reparación integral del daño para las víctimas.

Es una demanda justa, no es una novedad ni una ocurrencia de Sicilia; la posibilidad de tener una comisión de la verdad está establecida en el segundo transitorio de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que habla sobre la creación de una ley general de reparación del daño. Es una obligación jurídica que no debe causar asombro en ningún funcionario, subrayó.

Para evitar que se repita la experiencia fallida de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, estas comisiones deben tener amplio margen de independencia frente al gobierno, integración plural y sustentarse en el nuevo artículo primero constitucional, apegándose a estándares internacionales de derechos humanos, dijo. Por su parte, Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, consideró que la viabilidad y el éxito de la propuesta de Sicilia dependerá de la fuerza que le den los ciudadanos al movimiento por la paz.

Las comisiones de la verdad, en Sudáfrica, Chile y Argentina, han tenido una conformación ciudadana, lo cual les permitió luchar de manera más efectiva contra la impunidad y buscar el esclarecimiento de hechos del pasado, así como conseguir la reparación del daño y la garantía de no repetición de lo ocurrido.

Algo que llama la atención es que el titular de Gobernación, Francisco Blake, no dijo nada al respecto, lo cual es un mal signo, porque no se ve la voluntad política del gobierno, apuntó.