En vez de negar la realidad sobre la venta del examen nacional para obtener una plaza docente, lo mínimo que podría hacer la Secretaría de Educación Pública (SEP) es investigar este acto de corrupción, ya que esa postura es un reflejo que la educación es moneda política y que su titular, Alonso Lujambio, está más preocupado por acomodarse. La enseñanza, dijeron especialistas, hoy es un terreno devastado.

Lo más penoso, expresó la profesora-investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Lucía Rivera, es que ni la SEP ni autoridades como la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) han investigado estos hechos que deberían perseguirse como actos de corrupción.

Nadie está dispuesto a investigar, dijo, porque no tenemos autoridades con perspectiva de gobernar para la gente y lo que priva son intereses políticos, ya que en este momento la finalidad del titular de la SEP es acomodarse y lo que menos le interesa es la educación pública.

Esto refuerza la idea de que esa evaluación es una simulación que ha generado nuevas formas de corrupción. Es una erogación tremenda. Significa una fachada que ni resuelve el problema de la calidad ni mejora las prácticas de los docentes. Estos actos de corrupción han ocurrido a lo largo de todo el sexenio y la educación pública ha ido en picada, destacó.

La profesora-investigadora de la UPN, Etelvina Sandoval, señaló que la SEP ha tenido una postura del que no ve, no oye, e intenta que creamos que no existió el tráfico de esta prueba. Es absurda su respuesta de que alguien dedujo las preguntas, construyó con éstas un examen y luego lo vendió.

Lujambio ya debe definirse –abundó– porque no está atendiendo la educación. Por el contrario, la enseñanza se ha convertido en moneda política para el reparto de favores. Y, en este sexenio, la educación es un terreno devastado.

Por otro lado, agregó, es necesario cuestionar qué validez tiene un examen como éste, cuyo contenido no refleja los conocimientos profesionales que exige la carrera docente. Las preguntas son más de sentido común y de saber de memoria la reglamentación y los artículos de las normas educativas, lo cual no sirve para definir quiénes son buenos maestros.

En síntesis, dijo, la venta de la prueba muestra la debilidad de una política que ha seguido la dependencia en la selección de maestros.

De tal forma que lo mínimo que puede hacer la SEP es investigar, pues si toma en serio esta denuncia habría posibilidades de encontrar los huecos que produjeron la filtración.

El investigador de El Colegio de México Manuel Gil Antón manifestó que luego de que Lujambio dijo que con él y su equipo mejoró la transparencia en la SEP, se esperaría una investigación y no que metan la cabeza en un hoyo como las avestruces.

Es extraño que ante una denuncia de esa magnitud sea tan profundo el silencio del secretario Lujambio. Seguramente está ocupado en otros temas. Y cuestionó: si están a la venta los exámenes para ser profesor, ¿esto significará que se da continuidad a la venta de plazas a cambio de favores políticos?

Decir que la prueba es una institución, como declaró el subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez, implica correr el riesgo de haber institucionalizado la opacidad, no la transparencia, finalizó.