En la cara más espeluznante de la violencia del narcotráfico en México, cientos de niños y adolescentes han muerto, primero víctimas de fuegos cruzados y más recientemente por cárteles que los asesinan para enviar horrendos mensajes a sus rivales.

En la pugna por territorios y las rutas de las drogas entre grupos de narcotraficantes, la población más vulnerable que hasta hace un tiempo era respetada, está siendo atacada, dejando desoladas a familias enteras y despertando preocupación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y activistas.

Desde que el gobierno lanzó una ofensiva contra los cárteles a finales de 2006, unos mil 300 menores, incluyendo recién nacidos, han fallecido en hechos ligados al narcotráfico o el crimen organizado, según datos de la organización civil Red por los Derechos de la Infancia en México.

En algunos casos, niños han sido descuartizados como forma de enviar mensajes de amedrentamiento entre bandas rivales.

En la fronteriza Ciudad Juárez, el peor foco de violencia y la principal ruta de drogas a Estados Unidos, sicarios han entrado a fiestas juveniles, como celebraciones de cumpleaños, disparando indiscriminadamente y matando a decenas de menores.

Las masacres de ese tipo crecieron en 2010 en la urbe fronteriza con Texas por la lucha entre un capo de la droga local que trata de repeler al poderoso cártel de Sinaloa.

“Tenía tres, me quedaron dos hijas, al único (varón) se lo comieron; no hay justicia”, dijo Agustina Carrillo, madre de Ernesto, de 17 años, asesinado de un disparo en la sien por un jugador del equipo rival tras anotar un gol en una cancha que el gobierno federal construyó para fomentar el deporte.

Más de 9 mil asesinatos

La vida (aquí) es un desastre, agregó Carrillo. En la industrial ciudad han sido asesinadas más de 9 mil personas desde enero de 2008, en una espiral de violencia que el gobierno no ha logrado detener ni con la presencia de miles de soldados y policías federales.

La mamá de Ernesto afirma que el asesino de su hijo vende drogas y está protegido por policías, mientras grupos de derechos humanos denuncian casi nulos resultados en las investigaciones oficiales de los crímenes, lo que genera un alto grado de impunidad.

En México hay más de 32 millones de menores de 18 años, de una población nacional de más de 112 millones.

Los niños y jóvenes asesinados forman parte de las más de 40 mil muertes vinculadas con la violencia del narcotráfico que se registra en el país desde que el presidente Felipe Calderón asumió hace cuatro años y medio y lanzó operativos frontales contra los cárteles.

Las ejecuciones de jóvenes de entre 16 y 20 años en Chihuahua, donde se ubica Ciudad Juárez, pasaron de 136 en 2008, a 386 en 2010, según una base de datos de la Presidencia.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia, de enero a junio de este año se registraron en el país 130 muertes de niños por violencia ligada al narcotráfico, en comparación con los 82 casos del mismo periodo del año pasado.

El director de la red, Martín Pérez, ha documentado varios casos este año de menores que fueron asesinados por supuestos sicarios de la droga para enviar un mensaje a sus rivales, como un chico de unos 13 años que fue hallado descuartizado en un barrio del puerto de Acapulco, azotado por la violencia.

Lo que observamos es una tendencia distinta: al inicio de 2010 muchos casos eran resultado de fuego cruzado, indicó Pérez.

“Después vamos observando que el crimen organizado ha comenzado a asesinar a niños y niñas como mensajes para otros cárteles”, agregó.

Para Javier Oliva, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las ejecuciones por encargo contra menores muestran la descomposición de la criminalidad y el alto nivel de violencia que son capaces de promover los cárteles por el control del mercado de las drogas.

“Lo lamentable es que a gran parte de estos niños y adolescentes los acribillan porque sus padres son narcomenudistas o se dedican a alguna parte del trasiego de drogas y no hay consideración de tipo alguno”, indicó Oliva.

Se trata de unos criminales de un altísimo nivel de cobardía; imagínate, ir a matar a un niño con un fusil de asalto, agregó.

En otros casos, los criminales matan a niños porque los familiares no lograron pagar el rescate de un secuestro.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, conoció en una reciente visita a México el caso de una señora que vio cómo mataron a su hija de 16 años en un video que le enviaron supuestos secuestradores.

Esto es completamente inaceptable; medidas especiales tienen que ser tomadas para protegerlos, señaló Pillay a Reuters. Ellos no tienen nada que ver con este tipo de conflictos o crímenes; los niños son inocentes y necesitan estar particularmente cuidados y protegidos, agregó.

Bajo amenaza

En otros casos, jóvenes sicarios que forman parte de los cárteles mueren en combates contra las fuerzas de seguridad o de bandas entre sí. Pérez comentó que 30 mil menores de 18 años han sido reclutados por el crimen organizado en México bajo amenazas o con el atractivo del dinero fácil.

Tres menores de edad, que al parecer formaban parte de un grupo criminal, fueron abatidos por militares hace unos días durante un enfrentamiento en las inmediaciones de Monterrey, la ciudad más rica del país y donde a menudo hay ejecuciones debido al choque entre los cárteles del Golfo y Los Zetas.

En febrero, el Comité por los Derechos del Niño de la ONU instó al gobierno a investigar a fondo los crímenes contra menores, mantener informadas a sus familias y tratar de que tribunales civiles tengan jurisdicción en casos donde intervienen militares, quienes también han sido acusados del asesinato de niños.

Un caso emblemático fue el de Bryan y Martín Almanza, de cinco y nueve años, respectivamente, cuyos padres acusan a militares de haberles disparado y arrojado granadas en un retén en Tamaulipas.

Me quitaron a dos de mis niños. ¿Quién me los va a regresar? Pues nadie. Les decía (a los soldados) que no nos tiraran porque había niños, pero me ignoraron, dijo Cinthia Salazar, madre de los menores.

El Ejército dijo que las muertes fueron producto de un ataque de sicarios contra los soldados mientras los niños Almanza viajaban con su familia en una camioneta. No obstante, abrió una investigación a pedido del ombudsman nacional.

En una medida que parece responder a las recomendaciones de la ONU, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la semana pasada, en un fallo inédito, que los tribunales civiles podrán juzgar a militares por violaciones a los derechos humanos, quitándole a las instancias castrenses esa exclusividad.