La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, informó que se han iniciado 192 procedimientos de remoción a cargo de la visitaduría general y 232 de separación del cargo por parte del órgano auxiliar de instrucción, y que en el caso de los más de cien trabajadores de esa institución sujetos a proceso penal por haber cometido fraude hipotecario contra el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), se aplicó todo el peso de la ley y deberán enfrentar su responsabilidad.

Durante la recepción de la medalla Ignacio L. Vallarta, que le otorgó el Consejo Nacional de la Abogacía, la procuradora afirmó que cuando termine la transición del sistema inquisitorio al adversarial, comprobaremos que éste se corresponde más eficazmente con un estado democrático de derecho, ya que se protegen mejor las garantías procesales del inculpado y de la víctima, dejando, desde luego, las excepciones necesarias para combatir a la delincuencia organizada.

Morales Ibáñez habló de las acciones contra empleados de la PGR en el contexto de un discurso en el cual señaló que en el nuevo sistema de justicia se consagra constitucionalmente el principio de presunción de inocencia, que si bien estaba en las leyes, se había desdibujado hasta casi convertirse en su contrario.

Refirió que como todas las transiciones sociales no será fácil; sin embargo, es el único camino a seguir en la búsqueda de la consolidación del estado democrático de derecho que merecemos los mexicanos. Aseguró que para ella un aliciente es la capacidad del personal de la PGR y el respaldo de la sociedad para transitar con éxito a prácticas más eficaces desde el punto de vista procesal y más respetuosas de los derechos humanos y las garantías individuales de acusados y víctimas.

Destacó que de manera especial se ha sentido motivada por el hecho de que estamos emprendiendo la renovación de nuestras prácticas para ajustarlas a protocolos bien definidos, que vayan erradicando toda forma de discrecionalidad, las cuales dan lugar también a formas diversas de corrupción, sobre todo en una situación en la que el número de casos, procedimientos, averiguaciones previas, etcétera, se acumulan hasta hacerse prácticamente imposible su atención simultánea y eficaz.

En paralelo a esta renovación de procedimientos, dijo, estamos fortaleciendo las instancias que se ocupan de vigilar la conducta apegada a derecho de nuestro personal sustantivo, y tenemos en curso 192 procedimientos de remoción, a cargo de la visitaduría general, y 232 de separación del cargo en el órgano auxiliar de instrucción.

Funcionarios de la PGR explicaron que en el caso de la visitaduría se ventilan casos de corrupción, mala integración de averiguaciones previas y actuaciones fuera del marco normativo, de forma precisa contra peritos, agentes del Ministerio Público y elementos de la Policía Federal Ministerial (también conocida como AFI).

Por lo que se refiere al órgano auxiliar de instrucción, que depende del servicio de carrera, se desarrollan análisis de los casos en los que no se acreditaron los exámenes de confianza, los cuales el año pasado arrojaron que 28 por ciento de los agentes del Ministerio Público y federales examinados, reprobaron.

Ante abogados y el secretario de Marina, Francisco Saynez, resaltó que una línea que no admite demoras en las instituciones de procuración de justicia, y la PGR no es la excepción, es la modernización de los sistemas de cómputo y bases de datos con las que trabajamos de manera cotidiana, para ello en la PGR se da continuidad al proyecto denominado Justicia efectiva para todos, en el que se manejan bases de datos de acceso controlado. Las aplicaciones están en etapa de prueba e impulsaremos su liberación en el corto plazo, para comenzar a usarlas en tareas cotidianas.

Además, señaló que estamos poniendo atención cuidadosa a las formas de selección de nuestro personal, así como a los mecanismos de permanencia. En ambos casos debemos aspirar a lo mejor y más eficiente.