i Andrés Manuel López Obrador hubiera sido jefe del gobierno capitalino, ayer habría sido sepultada su precandidatura a la Presidencia de la República. En un ejercicio de imaginación, fundado en las muy abundantes muestras de manipulación y linchamiento políticos que suelen practicar los canales electrónicos de periodismo en México, puede suponerse lo que estarían denunciando de inmediato los locutores, comentaristas y articulistas sincronizados, si el tabasqueño hubiese estado en la silla capitalina de mando cuando tres trabes de una vía rápida superior hubiesen caído, y con ello se hubiese causado una descomunal afectación a la vialidad metropolitana y se hubiese estado en riesgo de una tragedia.

Implacables, sentenciosos, preocupadísimos, los ministros del Supremo Tribunal del Santo Oficio Mediático habrían condenado a ese jefe de Gobierno, no porque él personal y directamente diseñara los accidentes, pero sí porque éstos se produjeran por andar él en la grilla, de viaje por los estados en faenas aliancísticas, dedicado su tiempo a la promoción de sus aspiraciones presidenciales, con un gabinete de gobierno fragmentado e ineficaz por estar puesto al servicio de la campaña partidista y con funcionarios traspasados al activismo y al revés, sospechoso de favorecer asignaciones de contratos mayúsculos a empresas dominadas por capital español, tolerante él con incumplimientos, encarecimiento y mala calidad de las obras que debería vigilar estrictamente en su desarrollo para impedir acontecimientos nefastos como el de la madrugada de este martes.

Pero las iniciales del jefe de Gobierno no son AMLO sino MEC, la afectación no fue en el segundo piso pejiano, sino en el tramo que va hacia Santa Fe, que construye el marcelismo, y lo que buscan varios de los principales medios nacionales de comunicación no es exhibir, responsabilizar o satanizar al representante de la izquierda moderna, sensata, dialogante y colaboradora, sino promoverlo, protegerlo, blindarlo, así que la cobertura informativa del accidente de ayer en el periférico capitalino queda circunscrito a los detalles técnicos, los hechos fríos y la aceptación del desenlace de justicia ínfima que significa la imposición de una ridícula multa de sólo 10 millones de pesos a quienes se hinchan de ganar dinero público (sobre todo las firmas españolas, tan activas, tan compartidas, tan especializadas en hacer negocio entre la clase política mexicana, tan profesionalmente corrupta) y de infringir gozosamente términos, cláusulas, plazos y costos originales. No pasa nada, pues. Y lo que pasa, mediante el cómplice silencio de los nada inocentes, rápido pasa, y se olvida, y a otra cosa (es decir, a otro contrato).

Similar cara dura muestra el secretario de Educación gordillista, Alonso Lujambio, respecto de las fundadas e insistentes acusaciones de corrupción que se han dado en derredor de la Estela de Luz (tal vez el acomedido funcionario creyó que la obra se llamaba Elba Estela dame Luz). Monumento emblemático relacionado con el bicentenario, la citada Estela –la arquitectónica, no la sindical– va quedando como una simple muestra más del desorden financiero y político que caracterizó los festejos históricos a los que el felipismo quiso despojar de su carácter revolucionario y reducirlos a mero pretexto de fiesta acrítica y de negocio sucio. Ya cayó antes una funcionaria que parecía anclada a Los Pinos, Patricia Flores Elizondo, presuntamente intocable en sus momentos de máximo poder, jefa de movimientos políticos internos en la casa ocupada actualmente por los Calderón-Zavala. Desplazada de golpe, sin explicación mayor, como suelen ser los descabezamientos cortesanos, quedó entrampada entre versiones de que entre otros pecados había prohijado o permitido desvíos económicos en la aplicación del botín bicentenario (ahora, esa ex funcionaria trabaja afanosamente en la búsqueda de ser candidata a senadora por Durango, sabedora de la nueva costumbre panista de colocar en cargos partidistas o promover en postulaciones protegidas a quienes pública y sonoramente entregan malas cuentas en sus actividades de alta burocracia).

Lujambio, quien hacía mancuerna política con Flores Elizondo, sostiene que son falsas las imputaciones que en lo sustancial ha planteado el principal autor del proyecto de monumento. Los indicios hasta hoy mostrados apuntan con claridad a que se está en presencia de uno de los clásicos actos de corrupción que casi por rutina se practican en los escenarios pluripartidistas de poder (en todos los partidos que han llegado a posiciones preponderantes de disponibilidad de recursos públicos: PRI, PAN, PRD, Verde Dolarista, Panal...): elevación del costo original, reducción de la calidad de materiales, imposición de criterios políticos o grupales sobre las originales propuestas técnicas, opacidad por sistema, negación retórica de los hechos y espera de nuevos escándalos que quiten reflectores a los anteriores. O también podría ser que Los Pinos esté utilizando un sistema de envío de mensajes al despistado Lujambio para que entienda que debe dejarse caer en el ring para dar paso a Kid Cordero, sin más tardanzas ni pretextos.

Campante, como si nada, el cineasta Genaro García Luna ve pasar de largo las críticas al manejo de 118 millones de pesos que entregó al Canal de las Estelas para que produjera y difundiera la serie de autoelogios denominada El Equipo. Hoy, el PRD presentará ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una propuesta para que se forme un grupo especial de legisladores que indague los términos contractuales del arreglo de GGL con Televisa y los apoyos en recursos humanos y materiales que desde la Policía Federal se habrían dado a la carísima obra de promoción garcialunista.

Y, mientras el senador panista Ricardo García Cervantes acusa de poca serio el proceso interno de su partido para postular aspirante a Los Pinos (tiene que ser más serio, más democrático, más honesto, (...) más comprometido), ¡hasta mañana, con el Ejército en abierta campaña de relaciones públicas y posicionamientos políticos!

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