De los 70 mil locatarios que existen en esta capital, 65 por ciento tiene algún problema con la documentación que acredite su propiedad legal de un espacio en alguno de los 318 mercados públicos, aseguró el diputado Juan Carlos Zárraga, integrante de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

En conferencia de prensa, el legislador mencionó que los tres principales rezagos en la actualización que se han detectado son: fallecimiento del titular de la cédula; traspaso o cesión del local, y comerciantes permanentes no empadronados.

Añadió que para regularizar todos esos casos, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) puso en marcha un programa específico, pero cuestionó que en él se están cambiando los requisitos y los documentos para que en lugar de que los locatarios continúen como propietarios de un lugar, ahora se les quiere convertir en concesionarios, lo que pondría en riesgos su patrimonio.

Incluso, comentó que el programa de empadronamiento se estaría utilizando con fines político electorales por la titular de esa dependencia, Laura Velázquez Alzúa, por lo que, dijo, este miércoles propondrá al pleno de la Diputación Permanente que esta funcionaria acuda a comparecer ante los diputados locales.

Zárraga Sarmiento calificó de sucio el procedimiento del gobierno local hacia los locatarios, ya que para tramitar la mencionada cédula tienen que entregar documentos originales que los acreditan como dueños, para luego con el tiempo desaparecerlos y así poder despojarlos de sus lugares de trabajo.

Apuntó que esa nueva cédula de empadronamiento tiene fines políticos, pues se pretende ganar votos para las próximas elecciones a la jefatura de Gobierno, ya que al cumplirse el tiempo de concesión como locatario los podrán desalojar y entregar el espacio a quienes les hayan prometido su voto.

Finalmente, cuestionó que se amenace a los locatarios y se ejerza presión para que realicen el trámite de este programa de empadronamiento en lo inmediato, y “hacerlo –agregó– sólo es el inicio para la desaparición de los más de 318 mercados públicos establecidos en el Distrito Federal”.